Sánchez propone «sanciones económicas y administrativas» contra Torra por «racista y xenófobo»

El PSOE ha descubierto que debe intentar rascar en el filón de electoral de Ciudadanos: un discurso claro a favor de la unidad de España. Algo hasta ahora nada cultivado por los socialistas y menos aún por su marca en Cataluña, el PSC. Así, a las medidas ya propuestas en las últimas semanas, ha añadido una nueva este lunes: Pedro Sánchez ha planteado una modificación legislativa para que sea posible sancionar a Quim Torra económica y administrativamente en caso de que ponga en marcha medidas que sean discriminatorias con una parte de la población catalana.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE en rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, donde se ha reunido en pleno la Ejecutiva Federal de la formación, compuesta por medio centenar de representantes.

La Ejecutiva ha aprobado que el Grupo Parlamentario Socialista presente una enmienda a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que se tramita actualmente en el Congreso para que sea posible sancionar administrativamente a «aquellos dirigentes políticos que expresen ideas xenófobas, racistas o etnicistas, singularmente si van acompañadas después de acciones discriminatorias».

Sánchez ha puesto como ejemplo de una acción discriminatoria el que se negara a los inmigrantes el acceso a la atención en la sanidad pública. Preguntado sobre si esta medida podría amparar a los padres que reclaman más horas de enseñanza en castellano en la escuela pública catalana, Sánchez ha contestado que en ese caso lo que hay que hacer es cumplir las sentencias del Tribunal Supremo.

«Debemos estar atentos ante cualquier actuación/decisión política y/o jurídica que implique discriminación, dominación o abuso de un grupo político o cultural sobre otro y sancionar debidamente a los responsables institucionales que las toman o que las impulsan», reza la declaración aprobada por la Ejecutiva Federal, cuya reunión ha estado centrado casi monográficamente a la cuestión catalana.

Se trata de la tercera modificación legislativa que propone el PSOE en menos de una semana para hacer frente al desafío independentista, tras plantear la necesidad de actualizar la tipificación del delito de rebelión, para que deje de vincularse casi en exclusiva con un alzamiento militar, y de especificar que en las tomas de posesión los cargos públicos deben comprometerse a actuar con lealtad a la Constitución. Todas estas iniciativas, ha asegurado, cuentan con el respaldo del PSC.

Posible 155 indefinido

Sin entrar en más detalles, Sánchez ha revelado que ya ha analizado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los distintos escenarios que plantea el desafío lanzado por Torra al pretender nombrar como consellers a políticos actualmente en prisión o que se encuentran fugados de la Justicia.

La respuesta del Estado a la actitud retadora de Torra pasa, ha asegurado Sánchez, por el mantenimiento del artículo 155 de la Constitución, que incluso en caso de que no se levante, podría endurecerse con nuevas medidas de intervención a la autonomía catalana y volverse indefinido, un extremo que el propio Sánchez ha calificado de «posible».

Pero Sánchez no ha querido desvelar el contenido de lo hablado con Rajoy, más allá de dejar claro que ambos han contemplado todos los posibles escenarios.

Lo que sí ha querido dejar claro es que la deriva del secesionismo «no va a quebrar» el apoyo que el PSOE está prestando al Gobierno en la crisis en Cataluña y que es Torra el que está prolongando el mantenimiento del 155 al forzar al Estado a continuar con su vigencia para llenar el vacío institucional provocado por el nuevo president.

Tampoco ha querido entrar a valorar la legalidad de la decisión del Ejecutivo de Rajoy de no publicar el decreto con los nombramientos de los consellers elegidos por Torra al incluir a personas en prisión o fugadas de la justicia en otros países.

Sánchez se ha escudado en que, cuando se produce una colisión de derechos, es a los jueces a quienes corresponde dirimir esa situación y el juez del Tribunal Supremo que lleva la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, ha sido claro al señalar que no es posible mantener un cargo institucional si se está en prisión o fuera de España. Más allá de eso, Sánchez ha reconocido que le parece «de sentido común» que no puedan ser nombrados consellers personas en estas circunstancias.

Un president racista

Sánchez ha justificado la firmeza del PSOE ante Torra en que un partido progresista como el suyo no puede quedarse quieto ante el racismo que desprende la figura del nuevo president, que ha llegado a hablar de los catalanes como una raza superior a la española.

Para Sánchez, la elección de Torra ha «destapado las vergüenzas racistas del secesionismo», que entronca con la «ola creciente de xenofobia» que se está materializando en distintos países de la UE como reacción al malestar social generado por la grave recesión económica que ha deteriorado las condiciones de vida de los europeos.

El líder del PSOE ha preguntado a ERC si se siente «cómoda» habiendo permitido que un «racista» como Torra sea investido presidente de la Generalitat y le ha pedido que reflexione sobre este apoyo que está prestando a la estrategia de confrontación diseñada por el depuesto presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre otras cosas porque va en detrimento de la defensa de los presos del ‘procès’ que pertenecen a la formación republicana.

Pero el líder socialista también ha enviado sendos mensajes a Ciudadanos y a Podemos, a quienes ha advertido de que el desafío secesionista se va a prolongar, por lo que es necesario que asuman cuanto antes una posición de Estado que fortalezca la posición de unidad de los partidos que defienden la Constitución.

A los del Albert Rivera, Sánchez les ha acusado de padecer «la vieja enfermedad de la aznaridad», que cayó en el error de azuzar «la confrontación territorial para arañar una serie de votos». Y esa estrategia tan sólo conduce a confrontar a España consigo misma, ha advertido.

Rajoy, cuando estaba en la oposición, también cayó en el mismo error con su decisión de recurrir el Estatut catalán ante el Tribunal Constitucional pero Sánchez ha querido establecer una diferencia entre Aznar y Rajoy. Bajo su punto de vista, Rajoy ha aprendido la «lección» porque sufrió en primera persona las consecuencias de su estrategia electoral estando en la oposición, cosa que no le ocurre a Rivera.

A Podemos, aunque ahora estén «a otras cosas», en alusión a la polémica por la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, Sánchez les ha pedido que se despojen de sus «prejuicios» y defiendan sin complejos la Constitución de 1978, como hizo el histórico líder del Partido Comunista Santiago Carrillo.