Sánchez media por los CDR terroristas mientras Seguridad Nacional alerta de su “radicalización violenta”

La Audiencia Nacional dejó en libertad este jueves a otros dos integrantes de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo. Con ellos, son ya cinco los excarcelados y únicamente quedan dos en prisión. En cuatro casos, la Fiscalía, en un sorprendente cambio de criterio, avaló la salida de la cárcel. En el quinto CDR, el Ministerio Público se opuso, aunque el tribunal acabó equiparando su situación y avalando la salida de la cárcel pese a que el arrestado formaba parte del considerado «núcleo productor de explosivos» según las pesquisas de la Guardia Civil. Las salidas coinciden con la negociación de Pedro Sánchez con los separatistas para la investidura.

La decisión de la Fiscalía, y de la Audiencia Nacional, se produce pese al aviso del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno sobre las amenazas terroristas que afectan a España.

El organismo, que asesora a Presidencia en materia de seguridad, publicó el pasado jueves su Informe Anual, correspondiente al año 2018 (se publican con un año de margen), en el que se avisa de los principales riesgos y amenazas en nuestro país. Y, en este escenario, avisa que la «radicalización violenta» es uno de los grandes retos.

En el apartado sobre la amenaza terrorista, aunque centrado mayormente en el yihadismo y el terrorismo de ETA, sí se advierte sobre «la radicalización violenta como uno de los principales riesgos para la Seguridad Nacional». El Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Radicalización Violenta, se informa, «articula la política del Estado en esta materia a través de una estructura integral y nacional que permite prevenir y evitar que los procesos de radicalización culminen en extremismo violento y/o en terrorismo».

«Su contenido debe adoptar un enfoque amplio e integral que abarque no solo medidas de respuesta, sino también medidas preventivas que aborden las condiciones subyacentes que impulsan a las personas a radicalizarse y, en su caso, unirse a los grupos extremistas violentos. Estas actualizaciones están encaminadas a orientar la acción frente a la amenaza terrorista y la radicalización», añade.

Entre los objetivos, se marcan «contrarrestar de manera eficaz el atractivo del mensaje radical», especialmente sobre «las comunidades más vulnerables» para «desmontar su relato».

«La lucha contra la radicalización se aborda desde varios ángulos y requiere la implicación de diversos organismos de la Administración y de la sociedad en su conjunto. Es clave la promoción de las necesarias condiciones de libertad, seguridad y justicia en aras a la convivencia ciudadana y la consolidación de una sociedad democrática, plural, diversa y resiliente ante el terrorismo y el extremismo violento», se puede leer en el documento.

El informe, elaborado, como antes se ha mencionado, sobre la situación del año pasado, no recoge el fenómeno de la radicalización del independentismo, como es el caso de esta reciente amenaza. Pero sí pone ya el foco en los peligros de la radicalización social, entendida en un sentido amplio.

Exigencia de los independentistas

La liberación de los integrantes de los CDR acusados de terrorismo es una de las reclamaciones de los partidos independentistas que ahora negocian la investidura con Sánchez.

La pasada semana, la Fiscalía defendió, en un sorprendente cambio de guión, que cuatro de los CDR en prisión quedasen en libertad bajo fianza. Se trataba de los imputados que, según la Guardia Civil, no habrían tenido contacto con los explosivos incautados. Hasta entonces, la Fiscalía sí había apoyado la medida de prisión provisional. Tres de ellos quedaron en libertad ya la semana pasada y el cuarto, este jueves.

El caso del quinto excarcelado, Alexis Codina, ha sido el más polémico. En esa ocasión, la Fiscalía no reclamó su puesta en libertad, pero la Audiencia Nacional, en una decisión controvertida, decidió aplicarle el mismo criterio que a los anteriores, descartando la existencia de explosivos en los registros, aunque sí de «precursores de explosivos».

Codina, según las investigaciones, formaba parte sin embargo del llamado «núcleo productor» de explosivos y, según el sumario, había convertido su casa en un auténtico «laboratorio», con cantidad de material susceptible de explosionar. En los registros a su domicilio los agentes se incautaron además de objetivos señalados, como torres de alta tensión o cuarteles de la Guardia Civil.

El tribunal alegó «la objetiva inexistencia de explosivos en poder del Sr. Codina».»Únicamente cabe dejar constancia que el tribunal, previamente a la resolución del recurso, ha recabado del juzgado los antecedentes respecto de los objetos y sustancias existentes en el domicilio del recurrente y respecto de los que éste tenía relación, sin encontrar en la pericial preliminar elaborada por los dos técnicos del Grupo de Especialistas en desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Barcelona referencia a la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos», se añade en el auto.

La puesta en libertad de la mayoría de integrantes del grupo -en prisión sólo quedan ahora dos- no deja de resultar llamativa. Especialmente, por el detallado informe de la Guardia Civil que, tras su investigación, reveló todo un plan orquestado para cometer acciones tras la sentencia del ‘procés’. En el informe se detallaba además el arsenal que los arrestados habían acumulado, con sustancias para elaborar distintos tipos de explosivo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el pasado 26 de septiembre el ingreso en prisión provisional sin fianza de los 7 CDR detenidos por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.