Sánchez está en manos del PP para exhumar a Franco aunque el Supremo lo autorice

Los planes de Pedro Sánchez para exhumar al dictador Francisco Franco suman desde este viernes un nuevo, e importantísimo, revés. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de desestimar la recusación del juez que, el pasado febrero, acordó suspender la licencia urbanística necesaria para exhumar los restos de Franco tiene un impacto más relevante de lo que parece en todo el proceso.

De forma resumida, y según avisan fuentes jurídicas: aunque el Supremo acabe autorizándolo, Sánchez no podrá exhumar a Franco si no cuenta con la preceptiva licencia urbanística para llevar a cabo las obras en la Basílica, y que, entre otras, consisten en retirar la losa de la tumba del dictador.

Paradójicamente, el procedimiento queda en el futuro en manos del Partido Popular. ¿Por qué? La licencia que ahora está suspendida fue firmada por el anterior equipo municipal de San Lorenzo de El Escorial, dirigido por una plataforma próxima a Podemos -Vecinos por San Lorenzo- con el apoyo del PSOE.

El juez, Yusty Bastarreche, rechazó dicha licencia urbanística destacando que las obras que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía llevar a cabo en el interior de la Basílica del Valle no podían ser admisibles por razones de seguridad. Según el magistrado, dichas obras para la exhumación de Franco obligarían a «remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilogramos de peso».

«Ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas» que realicen las obras, argumentaba. En el auto, el juez destacaba además que debajo de la sepultura hay una cripta y, por tanto, «partes huecas», y que el movimiento de la losa podría «desestabilizar el conjunto». En conclusión, las obras no podrían ser realizadas al suponer un riesgo para la vida de las personas. 

Con la actual licencia paralizada -aún de forma cautelar- Sánchez tendría que intentar conseguir otra si quiere exhumar a Franco. Y eso está en manos del nuevo Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular. Un revés para el dirigente socialista.

Protección Integral

No obstante, destacan las fuentes consultadas, además de las razones de seguridad, y quizás más importante, la licencia no se podría conceder porque las propias normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial así lo impiden. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y el Catálogo de Bienes Protegidos conceden a la Basílica del Valle de los Caídos el grado de protección Integral, el máximo posible.

Ello complica extraordinariamente que se puedan realizar las obras pretendidas, que afectan a la estructura de la Basílica, y que, en todo caso, precisarían de un plan especial que debería contar, de nuevo, con el visto bueno del Ayuntamiento. 

La Comunidad entra en juego

La posible solución sería una modificación de dicha catalogación de protección a la Basílica, que tendría que pasar por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Previsiblemente, en manos de la ‘popular’ Isabel Díaz-Ayuso. 

No es en cualquier caso un procedimiento sencillo, explican las mismas fuentes, que calculan que podría demorarse incluso 3 años. Además, recuerdan, «no se pueden tramitar modificaciones puntuales ad hoc». O en otras palabras, «no se puede hacer un traje a medida para una legalización a posteriori de unas obras que, hoy por hoy, son manifiestamente ilegales». El procedimiento, de ser autorizado, sería recurrido.

El Supremo debe resolver

Entre tanto, el Supremo tendrá que resolver en los próximos meses sobre la exhumación de Francisco Franco, que el Gobierno socialista pretendía ejecutar el pasado 10 de junio. Y para ello, tendrá en cuenta la decisión que adopte sobre el fondo del asunto de la licencia urbanística el juez competente quien, una vez resuelta el incidente de recusación a su favor, es Yusty Bastarreche.

A principios de este mes, el Alto Tribunal accedió a la petición de la familia para suspender cautelarmente el proceso. Según el Supremo, seguir adelante con la exhumación mientras no exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto sería «extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes (la familia Franco) sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso». A juicio del tribunal, eso provocaría «un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco».

Desde el Gobierno respondieron a esta suspensión cautelar afirmando que sus planes siguen adelante. «Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco», dijeron desde La Moncloa.