Con un presupuesto de 2 millones de euros

Un proetarra dirige el Instituto para la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco

Un proetarra dirige el Instituto para la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco
El ex batasuno Jonan Fernández al frente de la Secretaría General de Conviviencia, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco y del Instituto Gogora

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dependiente del gobierno vasco, que nació con la misión de «preservar y transmitir la memoria democrática de este país», está presidido por Jonan Fernández, un dirigente de Herri Batasuna cuando esta formación actuaba como brazo político de ETA. Fernández es el actual secretario general de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación del Ejecutivo de Íñigo Urkullu.

Gogora, como se conoce al instituto, maneja un presupuesto público anual de 2.056.000 euros, cifra que duplica el importe asignado por el Gobierno de España al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que tiene un ámbito nacional.

Hasta la fecha, en línea con las actuaciones fijadas por el Gobierno vasco y su lehendakari, el instituto ha trabajado de manera exclusiva en materia de memoria histórica para «contribuir a culminar los procesos de reconocimiento de la verdad (…) y de reparación moral a la memoria de las víctimas del franquismo» en el País Vasco.

Fernández respaldó hace unas semanas el inicio del acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco anunciado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Se dan las condiciones legales», aseguró.

Un escueto CV 

Jonan Fernández es antiguo concejal de Herri Batasuna en Tolosa entre 1987 y 1991, detalle que omite en su CV oficial, y ha desarrollado -según la escueta relación disponible para su consulta en la web del Gobierno vasco- una carrera profesional estrechamente vinculada al activismo abertzale.

Creó a finales de los años 80 la coordinadora Lurraldea, terminal del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, para oponerse desde una perspectiva «ecológica» al trazado de la autovía Irurzun-Andoain, a la altura de Leizarán, que el PNV y el PSE modificaron en 1991 cediendo a las pretensiones de Herri Batasuna.

Posteriormente se convertiría en Secretario General de la organización Elkarri -que no condenaba el terrorismo- con la que la izquierda abertzale construyó un nuevo relato lingüístico en lo que sería el germen del proceso orientado a la autodenominada «pacificación del conflicto vasco» a través del uso de «mecanismos de diálogo» y la búsqueda del «empate infinito» que trataba de situar en un equilibrio técnico la causa terrorista con la de sus víctimas.

Desde Elkarri, Jonan Fernández participó activamente en lo que se denominó la vía Ollora que desembocaría años después en el pacto de Lizarra y finalmente en el Plan Ibarretxe.

Hasta su nombramiento por Urkullu dirigió la Fundación Baketik, creada en en el año 2006 para promover el «cambio personal y social con sentido ético». La propuesta de Baketik se orientaba al trabajo en 5 ejes: la formación, el trabajo con el ámbito educativo, la mediación, la paz y la convivencia y la promoción de la solidaridad. 

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