La OTAN recrimina al Gobierno que no investigue los vínculos de los espías de Putin con el separatismo

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 28/07/2024 06:48
  • Actualizado: 28/07/2024 06:48

Los vínculos del separatismo con Rusia no sólo alarman a los jueces o a la Unión Europea, sino también a la OTAN. En las últimas reuniones de la Alianza Atlántica, tanto en las de nivel ministerial como en otros encuentros más técnicos a niveles inferiores, los representantes españoles ante el organismo han escuchado críticas por parte de otros países aliados sobre la forma en la que está gestionando España las investigaciones a los intentos de injerencia por parte de Rusia. Especialmente por la presencia en Cataluña, las actividades y vínculos de destacados miembros del Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie (GRU) –la inteligencia militar rusa– con el Procés y algunos de sus altos dirigentes, como Carles Puigdemont.

La huella del Kremlin en la agenda que el separatismo desplegó durante años en Cataluña está más que acreditada. El paso de importantes miembros de los servicios de inteligencia militar rusa por España ha llamado la atención también de los ejércitos de la OTAN. El asunto se ha tratado en recientes reuniones celebradas en Bruselas, donde los representantes españoles han recibido ciertos comentarios de sus contrapartes respecto a las noticias del avance de las causas judiciales contra la injerencia rusa en el Procés.

Según fuentes militares, en la OTAN no se ve con buenos ojos que se hayan aparcado investigaciones sobre esa vinculación del Kremlin con el separatismo catalán. Especialmente de esas unidades del GRU, los servicios secretos militares rusos, que han pasado por Cataluña con objetivos aún no determinados.

Es el caso, por ejemplo, del general del GRU, Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov. Estuvo en Cataluña justo antes y después del referéndum ilegal del 1-O. Un nombre muy conocido en los ambientes de la inteligencia, pues también está vinculado con el asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal y su mujer en Londres. A él le atribuyen gran parte de las acciones realizadas por comandos rusos en Europa Occidental.

En esencia, explican estas fuentes, lo que se ha trasladado a España a través de esos representantes en la OTAN es que «todos los países están haciendo un esfuerzo muy importante por perseguir la presencia de estos activos» por todo el continente europeo, realizando numerosas detenciones en prácticamente todos los países. Y en ese contexto, sorprende el hecho de que el Gobierno de España haya sacado adelante una amnistía que podría dar carpetazo a la investigación sobre el posible peso de esta unidad militar rusa en los intentos por desestabilizar a uno de sus socios. Una causa que investiga en Cataluña el juez Joaquín Aguirre.

La trama rusa

El pasado mes de enero, el juez Aguirre –instructor del caso Voloh en el que se investigan desvíos de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo y pagar viajes de independentistas a Moscú– subrayaba en un auto las injerencias de Rusia en el proceso independentista de Cataluña.

Los gruesos indicios de alianza desestabilizadora trabada entre círculos próximos a Putin y el independentismo catalán tienen una gravedad añadida en perspectiva europea. Esa injerencia es una línea infranqueable para las autoridades de Europa, que complica aún más la amnistía diseñada ad hoc por el Gobierno de Pedro Sánchez para sus socios separatistas.

Y es que, según consta acreditado en el sumario, el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) Puigdemont tuvo encuentros con intermediarios rusos, entre ellos el empresario Nikolay Sadovnikov, que es una persona muy próxima a Vladímir Putin. Esas reuniones son de especial significado, ya que, según la investigación dirigida por el juez Aguirre, tuvieron lugar en vísperas del día clave marcado por los líderes secesionistas que diseñaron y lanzaron el 1-0: era la jornada en la que pretendían proclamar e instaurar la República Catalana en 2017.

En esta reunión, que consta en el sumario del caso Voloh, los intermediarios rusos se ofrecieron a pagar con criptomonedas los 77.740 millones de euros de deuda pública que Cataluña tenía por entonces con el Estado. El abono se haría efectivo, según esa promesa, una vez que Cataluña impusiera su independencia. También se han recabado indicios que apuntan a que los emisarios del régimen de Putin prometieron a los independentistas 10.000 soldados rusos para que Cataluña, tras la secesión, contase con una estructura militar transitoria hasta que formara su propio Ejército tras la secesión. A cambio, Cataluña se convertiría en un paraíso fiscal de las criptomonedas.