Juicio por los lazos amarillos

El ‘número 2’ de la Generalitat avisa que el independentismo sólo aceptará la absolución de Torra

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«No contemplamos otra sentencia que no sea la absolución». Con su habitual respeto a la Justicia, el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ya ha anticipado que sólo aceptarán la decisión del Tribunal Superior de justicia de Cataluña sobre Quim Torra que quiere el independentismo.

Pere Aragonès ha calificado el juicio como un acto de «represión» contra el presidente del Govern, Quim Torra, que comparece acusado de desobediencia por no retirar la pancarta del lazo amarillo de la Generalitat durante el periodo electoral.

«No contemplamos otra sentencia que no sea la absolución», ha zanjado el vicepresidente al ser preguntado por qué sucedería en caso de que Torra fuera inhabilitado.

Pere Aragonès ha concretado que para él la causa judicial contra Torra supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión, y ha advertido al Estado: «Ante la vulneración de derechos civiles y políticos, nos encontrará enfrente».

Por su parte, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha calificado la vista oral contra el presidente catalán, Quim Torra, como «una vergüenza más» del Estado y «otro juicio farsa», y también ha insistido en que no contemplan otro escenario que no sea la absolución.

A las puertas del TSJC

Budó, al igual que otros consellers y dirigentes soberanistas, ha acompañado este lunes a Torra hasta las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga por primera vez a un presidente de la Generalitat en activo por desobediencia, al no descolgar dentro del plazo ordenado la pancarta a favor de los «presos políticos y exiliados».

La portavoz del Ejecutivo catalán ha considerado que este juicio es «un hecho gravísimo e inusual» y supone «una vergüenza más del Estado».

Es «otro juicio farsa», ha remarcado Budó (JxCat), que ha pedido «diálogo y parar la represión», pues el Estado, a su juicio, sigue «resolviendo desde los tribunales un conflicto político».

El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha llamado a aprovechar el juicio contra Quim Torra para «tomar conciencia» de que es necesario «hacer valer los votos» de los independentistas frente a la «represión» durante la negociación de la investidura.

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado que si Torra es inhabilitado por desobediencia será necesario responder a través de «la movilización civil y la movilización institucional».

El vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes, ha acusado al Estado de confundir «el derecho con el vasallaje», y ha apuntado que el juicio a Torra es una muestra de cómo los tribunales españoles «transforman cualquier actuación en delito».

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha dicho que el juicio al presidente de la Generalitat es «una nueva mancha negra en la historia de la Justicia» y ha reprochado al Estado que prefiera «la vía represiva» y no la del «diálogo».

 

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