La nueva ministra de Igualdad rechazó corregir la Ley del ‘sí es sí’ para aumentar la pena a violadores
La ministra de Igualdad rechazó una moción del PP de Valladolid para reformar la Ley del 'sólo sí es sí'
Redondo cree que es "una buena ley" que "protege a las mujeres"
La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, rechazó el pasado diciembre una moción del PP en el Ayuntamiento de Valladolid -donde era teniente de alcalde-, que pedía reformar la polémica Ley del sólo sí es sí -promovida por Irene Montero- para evitar excarcelaciones de nuevos condenados. Por entonces, casi un centenar de agresores sexuales se había beneficiado de la norma. Se da la circunstancia de que apenas unas semanas después, el PSOE registraba en el Congreso su reforma de la ley, que fue aprobada gracias al voto del Partido Popular.
El Grupo Municipal Socialista en Valladolid, liderado por el entonces alcalde Óscar Puente -ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible- votó en bloque contra la iniciativa de los populares, que reclamaban que se reformase «de manera inmediata» la Ley del sólo sí es sí «para corregir las deficiencias técnicas normativas y los efectos indeseados» que estaba produciendo. El PP pedía además que se incluyese una disposición para «prohibir la revisión de las penas a los condenados a los que la nueva ley fuese más favorable que la anterior, tal y como establece como norma general el Código Penal».
Igualmente, y «dada la alarma social que han suscitado los desajustes jurídicos de la ley y la actitud de la ministra de Igualdad -Irene Montero- culpando a los jueces españoles de realizar una interpretación machista de las leyes, desacreditándolos y creando así la inseguridad de las víctimas en quienes tienen que confiar», el PP pedía «solicitar al presidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra».
El debate fue especialmente acalorado. Por parte del PSOE, el concejal Pedro Herrero acusó al PP de «tener un problema». «Necesitan distraer la atención», aseveró el edil, que consideró que el asunto se tendría que «debatir en el Congreso y en el Senado», pero no en el Consistorio, pese a la indudable repercusión de la rebaja de pena a agresores sexuales. «Con nosotros no cuenten», concluyó.
«Tendrán que explicarles su voto a las personas de Valladolid que son víctimas de delitos sexuales y que están viendo cómo esos delincuentes están en la calle por una ley que ustedes han tramitado de manera atropellada y que tiene condicionantes ideológicos», advirtió el concejal del PP Alberto Gutiérrez, que recordó los avisos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la consecuencia de la rebaja de pena en los delitos sexuales: «Ya les avisó que estaban metiendo la pata, pero siguen erre que erre», señaló el popular.
Defiende el ‘sí es sí’
Este viernes, en una comparecencia tras la reunión informal ministerial de Igualdad en el marco de la Presidencia europea, Ana Redondo siguió la línea de su predecesora, Irene Montero, al defender la ley y culpar a los jueces por las rebajas de condenas.
«Afortunadamente en España hay una legislación garantista, muy reciente, es una legislación que protege a las mujeres y lo que hay que hacer es implementarla», señaló Redondo. A continuación, advirtió a los jueces que «están sometidos al imperio de la ley». «Tienen que aplicar la legislación vigente, no tienen margen de maniobra, eso es evidente, en un Estado de Derecho los jueces interpretan la norma, pero aplican la norma», insistió.
Redondo considera que la ley, que ha beneficiado a 1.233 agresores sexuales -de los cuales al menos 126 han sido excarcelados-, es «una buena ley» y avanzó que su departamento seguirá «desarrollándola».
La ministra destacó que es una ley que «ha tenido que ser retocada porque la técnica legislativa a veces es fastidiada», pese a que en su día votó en contra de la reforma.
Redondo ya ha dejado claro su perfil feminista a lo largo de su trayectoria. La nueva ministra fue, por ejemplo, la ponente del capítulo dedicado a Regeneración democrática, Justicia, Memoria Democrática y España Constitucional, en el 40 Congreso del PSOE, de 2021. En el apartado dedicado a la Justicia, se reclama «juzgar con perspectiva de género» e instruir a los jueces en «formación feminista».