La nueva ley de Sánchez elevará los costes de las empresas cuando se dispare el recibo de la luz

Pedro Sánchez tiene un as en la manga frente a la escalada del recibo de la luz: trasladar costes a las empresas energéticas. La ley clave en este pase de pelota es la que pretende crear el nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico (FNSSE). Esa norma sacará del recibo los costes Recore (las antiguas primas a renovables) y trasladará esos pagos al mencionado fondo. ¿Y quién paga el fondo? En una buena parte, las propias empresas energéticas. Pero la guinda la pone el sistema de traslado de costes al fondo: los decidirán los hombres designados por el Gobierno en base a “la mejor estimación para el siguiente ejercicio de los costes totales a financiar por el FNSSE”. Traducido: Sánchez podrá cargar más costes a las empresas, con un amplio margen de discrecionalidad, a medida que se prevea un encarecimiento de la luz.

La futura ley ha llegado ya al Congreso de los Diputados bajo el nombre de Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Esa norma permitirá sacar del recibo de la luz los costes de las antiguas primas a las renovables para que sean asumidos, en parte, por las propias eléctricas. Y en uno de sus apartados recoge la definición de quién pagará y cuánto.

El quién está claro: las distintas empresas energéticas y hasta los usuarios de gas natural. Y el cuánto también viene descrito, con una gran dosis de arbitrariedad, pero de forma rotunda: “Para el cálculo de las aportaciones, se realizará la mejor estimación para el siguiente ejercicio de los costes totales a financiar por el FNSSE […]”. La cuantía total procedente de las aportaciones de los sujetos obligados, además, “será la necesaria para cubrir los costes totales, incluidas las compensaciones previstas […], una vez descontadas el resto de aportaciones y, en su caso, el saldo remanente al final del ejercicio previo”.

Costes que deben asumir las eléctricas

Es decir, que la estimación que realicen los equipos designados por el Gobierno servirá para fijar los costes que deben asumir las eléctricas y el resto de energéticas a través de ese fondo. Y si la energía sube, obviamente, los técnicos del Gobierno podrán elevar los costes incrementando las cargas de las energéticas.

El telón de fondo de esta reforma es la evidencia de que el recibo de la luz no deja de subir ante la decisión de Pedro Sánchez de no rebajar de inmediato y de forma sensible los impuestos que soporta la electricidad en España. Pero la acusación de inacción al Gobierno no es del todo cierta: la realidad es que Sánchez sí se mueve, pero en el sentido que quiere y con el fin de amoldar el modelo energético a sus planteamientos ideológicos: uno de los últimos movimientos, será un castigo a la energía nuclear y a la energía hidroeléctrica, a las que dejará de apoyar por su nula emisión de CO2. No hará lo exigido literalmente por Podemos, pero sí irá en esa dirección.

La medida se encuentra ya incorporada a otro proyecto de ley que altera el actual sistema de retribución en concepto de CO2 no emitido en el mercado eléctrico. Se trata de un mecanismo que apoya a aquéllos tipos de energía que no emiten CO2 con el fin de contribuir a un medioambiente más saludable. Pero, ahora, el Gobierno, prefiere buscar fuentes de financiación con las que aliviar su coste y, de ese modo, poder rebajar algo la factura de la luz de los consumidores sin que al Ejecutivo le cueste el más mínimo esfuerzo.

Nucleares e hidroeléctricas

El Gobierno considera que las inversiones de nucleares e hidroeléctricas han sido ya amortizadas de sobra y que ha llegado la hora de cubrir costes del sistema con los “ingresos extraordinarios que obtienen las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono”, como recoge el proyecto de ley.

La futura norma se tramitará por la vía de urgencia para “reducir cuanto antes la factura de los consumidores”. Y plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE. Según la explicación técnica del Gobierno, “los elevados precios de este mercado se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios que no se consideran adecuados”. Por ello, el Ejecutivo considera que ha llegado el momento de dejar de abonar a estas centrales los ingresos por no emitir CO2.

No se trata de la única encerrona del Gobierno a las energéticas a costa de la presión política por el encarecimiento de la luz. El Gobierno no solo no quiere asumir sacrificios renunciando a impuestos, sino que, efectivamente, quiere sacar del recibo de la luz el pago que corresponde al apoyo a las renovables. Para financiar esos pagos pretende crear el mencionado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico.

Unas de las que tendrán que financiar ese Fondo serán directamente las eléctricas.
 El Consejo de Ministros aprobó en junio el Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Los objetivos que se anunciaron en aquel momento para el fondo eran cuatro: «Dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas».

Este último punto es el que más está centrando ahora la atención del Gobierno: porque pretende trasladar a ese fondo parte de los costes regulados que pagan ahora todos los consumidores en su recibo de la luz. Al quitar esa partida, en teoría, debería bajar el recibo (siempre que las eléctricas no repercutan los costes en el coste del kW), y quien pasaría a pagarlo sería el fondo citado, donde el Gobierno pretende que estén todas las energéticas -renovables y no renovables- para financiar ese coste sin que tenga que hacer ningún esfuerzo fiscal el Gobierno.