Montero lideró la revuelta contra Rajoy para no bajar el impuesto de Actos Jurídicos

La ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se convirtió -en tiempos de consejera del ramo en la Junta de Andalucía- en la principal abanderada de la «armonización fiscal», la equiparación de impuestos entre regiones para evitar, decía, la «competencia desleal» de otras comunidades como Madrid.

La realidad es que Andalucía tenía entonces, como tiene ahora, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados -el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’- más alto de España, en el 1,5% (al igual que otras comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Murcia. La Comunidad de Madrid, en cambio, es una de las regiones con el gravamen más bajo (en el 0,75%).

La ministra fue especialmente crítica contra el Gobierno de Mariano Rajoy por el modelo de financiación autonómica, como evidenció en algunos de los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en los que se mostró una firme defensora de la armonización fiscal y atacó la «competencia» entre comunidades.

En esas reuniones, llegó a calificar a la Comunidad de Madrid de «paraíso fiscal» por sus impuestos bajos y acusó a la región, presidida por Ángel Garrido, de «dumping fiscal».

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados, popularizado ahora por la polémica con la decisión del Tribunal Supremo, es un impuesto socialista: fue establecido por Felipe González, a través del Real Decreto Legislativo 1/1993, que determinó que el sujeto pasivo será «el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan». Es decir, el impuesto lo tendría que pagar el cliente.

Montero no solo no cuestionó ese impuesto durante sus años como consejera autonómica -constituye una importante fuente de ingresos para las regiones- sino que gobernó manteniéndolo en el tipo más alto, que había sido adoptado unos meses antes de su llegada a la consejería.

En otra decisión polémica, la ahora ministra aplicó el impuesto de Actos Jurídicos a las herencias. Una medida inédita que obligaba, por ejemplo, a que un heredero que hubiese abonado la parte correspondiente del bien a sus hermanos tuviese que pagar también el gravamen. El impuesto supone una carga importante especialmente para las rentas más modestas.

El Gobierno de Pedro Sánchez, en un insólito choque con el Poder Judicial, aprobará este jueves un real decreto ley para que que sean los bancos y no los compradores de una vivienda quienes asuman el pago del impuesto de las hipotecas.

El presidente del Ejecutivo lo anunció en una rueda de prensa en La Moncloa, este miércoles, tras la resolución del Tribunal Supremo que determina que sean los clientes los que hagan frente al pago del impuesto.

«Queremos que nunca más los españoles paguen este impuesto y que lo pague el sector financiero», afirmó Sánchez.

El cambio consiste en la modificación del artículo 29 de la ley que regula el impuesto de Actos Jurídicos para que el pago de esta tasa «corresponda siempre a los bancos».

Además, Sánchez anunció la creación de la Autoridad Independiente para la Protección de los Clientes Financieros que protegerá los derechos de los consumidores en su relación con los bancos.

El dirigente socialista consideró que «la compra de una vivienda es un gran plan de inversión y de vida que debe contar con seguridad política».