Moncloa cree que Puigdemont bloqueará la investidura y forzará ir a nuevas elecciones

Cuando queda un día para la constitución de las Cortes, desde La Moncloa empiezan a dar crédito a las perspectivas más pesimistas: que Carles Puigdemont bloquee definitivamente la investidura y provoque la convocatoria de unas nuevas elecciones. En el PSOE sospechan que el prófugo de la Justicia va «de farol» porque, según comentan fuentes socialistas a  OKDIARIO, «ha escrito la carta a los Reyes Magos pensando que no se podían satisfacer sus exigencias».

En el partido y el Gobierno, sin embargo, no han descartado la posibilidad de ceder a esas condiciones, que pasan por la amnistía para los más de «4.000» activistas e independentistas que, calculan en Junts, han sido «represaliados» por el procés. También exigen un referéndum de independencia. Como ya publicó OKDIARIO, Moncloa ha engrasado la maquinaria para conceder esos deseos, y Sánchez ya ha encargado un informe jurídico para sondear fórmulas para encajar esa amnistía. Sin embargo, lamentan los socialistas, ahora que están «estudiando» esas opciones y que algunas peticiones -quizás- «se puedan conceder», Puigdemont parece estar «echándose para atrás».

Esto mismo lo confirman fuentes cercanas a Junts, que aseguran que el ex presidente catalán fugado ha enquistado la negociación con los socialistas desde Waterloo. Cabe destacar aquí que el partido está profundamente dividido entre un sector más radical -liderado por el propio Puigdemont y partidario de dificultar el acuerdo- y otro más posibilista. En los últimos días, distintos dirigentes de Junts intentan hacer que el ex president «entre en razón», pero él no ve inconveniente en impedir que Sánchez reedite como jefe del Ejecutivo y que ese bloqueo lleve a unos nuevos comicios. Al fin y al cabo, donde se siente más cómodo es en la estrategia de la «confrontación», a la que Junts ha sacado un buen provecho electoral, elevando sus expectativas sobre ERC.

Amnistía

Mientras, Moncloa estudia la viabilidad de la amnistía. La cuestión es cómo presentarla, de forma que no sea rechazada por inconstitucional y, al mismo tiempo, sea suficiente para complacer los deseos del separatismo.

El propio Sánchez decía, tres días antes del 23J: «El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación, y no han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación». Ahora, abierto a esa posibilidad, ya se estudian las vías para abordarla sin que esté «fuera de la Constitución». Los precedentes están claros: basta recordar que Sánchez también aseguró que no habría indultos a los independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y defendió el «cumplimiento íntegro de la sentencia». Los hechos posteriores son por todos conocidos. Para justificar esas cesiones, Sánchez suele repetir que su política ha servido a la «convivencia» en Cataluña.

Amnistía y referéndum

Sánchez busca algún resquicio legal para que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, pueda avalarlo. Porque, aunque fuentes del tribunal que juzgaron a los independentistas catalanes no tienen duda alguna y aseguran que la concesión de la amnistía a Puigdemont es ilegal, temen que Conde-Pumpido pueda «bendecirla».

Lo cierto es que el presidente de la Corte de Garantías sí se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña. De hecho, hay una sentencia al respecto, de la que es ponente, tal y como adelantó este periódico. Pero nunca se ha pronunciado sobre la amnistía.

Sin embargo, fuentes del Supremo explican por qué la amnistía es «totalmente inconstitucional». La concesión del olvido de los delitos cometidos –que no del perdón contemplado en el indulto– no está regulado en la Carta Magna porque no se prevé en un contexto democrático, como tampoco la esclavitud, que fue abolida en España en 1837. Mencionarla en la Carta Magna no es necesario y eso no significa que sea legal, puesto que la práctica de la misma conllevaría la vulneración de otros derechos fundamentales como «el principio de igualdad entre los españoles» u otros derechos tan básicos como «la vida, la dignidad y la integridad».

Lo mismo ocurre con la amnistía: su concesión vulnera el derecho de los jueces y magistrados de «juzgar y ejecutar lo juzgado», recogido en el artículo 117 de la Constitución. Por tanto, la aplicación de una Ley de amnistía, además de ser inconstitucional, es un «atropello al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y, en última instancia, a la democracia». Pese a ello, estas fuentes del Supremo temen que Conde-Pumpido apoye esta tesis y permita la concesión de la medida de gracia, cediendo así al chantaje de los independentistas para apoyar a Sánchez y mantenerle en La Moncloa.

Repetición electoral

Fuentes próximas al independentismo catalán aseguran que no lograr estas exigencias tampoco supone un problema para el líder de Junts. La formación mantiene su voto en el más absoluto secreto. También para la constitución de la Mesa del Congreso, que permitirá ver hacia dónde se decantan las mayorías. Una abstención de Junts permitiría que el Partido Popular se hiciese con la presidencia de este órgano, si Coalición Canaria lo apoya. El partido de Puigdemont quiere llevar la presión al límite y no decidirá sobre ese voto hasta unas horas antes de la apertura de la sesión constitutiva de las Cortes. En cualquier caso, lo que se sabe es que el dirigente prófugo tiene la última palabra y ya ha comunicado a su entorno que «bloquear la política española es un triunfo».

Fuentes de Junts explican que Puigdemont apuesta por un Gobierno formado por PP y Vox porque –siempre según estas fuentes– «ese Ejecutivo provocaría una mayor crispación en Cataluña» y el ex president de la Generalitat pretende liderar ese posible auge del independentismo.