Sánchez encarga un informe jurídico para encajar la amnistía que le exige Puigdemont

A cuatro días de la constitución de la Mesa del Congreso -un paso clave para predecir cómo se decantarán las mayorías de la investidura-, las negociaciones se aceleran. Las condiciones que Junts fijó el mismo día de las elecciones generales, tras conocer su papel determinante para desbloquear el Gobierno -amnistía y referéndum-, siguen intactas. Pero lo que sí se mueve es la disposición de los socialistas a buscar fórmulas para encajar la primera de esas exigencias. Consideran en el entorno de Pedro Sánchez que la amnistía no es descartable o, al menos, si no como tal, mediante algún tipo de encaje jurídico que tenga efectos similares. El presidente en funciones ya ha consultado esa posibilidad.

La cuestión es cómo presentar esa amnistía de forma que no sea rechazada por inconstitucional y, al mismo tiempo, sea suficiente para complacer los deseos del separatismo. El propio Sánchez decía, tres días antes del 23J: «El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación, y no han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación». Ahora, abierto a esa posibilidad, ya se estudian las vías para abordarla sin que esté «fuera de la Constitución». Los precedentes están claros: basta recordar que Sánchez también aseguró que no habría indultos a los independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre y defendió el «cumplimiento íntegro de la sentencia». Los hechos posteriores son por todos conocidos. Para justificar esas cesiones, Sánchez suele repetir que su política ha servido a la «convivencia» en Cataluña.

Precisamente, de las negociaciones para la Mesa y la investidura se ocupa Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones y artífice de los indultos a los nueve líderes del procés junto al entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Bolaños es la figura designada por Sánchez para tender puentes con el separatismo, primero con la negociación de la Mesa del Congreso, donde se intenta lograr una mayoría «progresista». El asunto no es menor, como pueda parecer, pues eso permitiría que un eventual proyecto de ley de amnistía fuese admitido a trámite. En 2021, ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT registraron su iniciativa para perdonar condenas y multas a los 4.000 «represaliados» del procés, pero no superó siquiera el primer escalón parlamentario tras advertir los letrados del Congreso que el proyecto era abiertamente inconstitucional. PSOE, PP y Vox lo rechazaron. Podemos, en un nuevo desencuentro con sus socios socialistas, se mostró partidario de que pudiese ser debatido en el Pleno.

De ahí que, hacerse con esa mayoría en la nueva Mesa del Congreso, sea fundamental para que, ahora sí, la iniciativa pueda tener recorrido. ERC, por su parte, ha reclamado a Sánchez la presidencia de la comisión constitucional, donde se abordaría esa ley una vez supere el debate en el Pleno.

Mesa del Congreso

El PSOE, por ello, aspira a hacerse con cinco de los cuatro puestos de la Mesa -dos vicepresidencias y dos secretarías además de la presidencia-, lo que le daría margen para satisfacer los deseos del separatismo. Sobre quién podría presidir la Cámara Baja, las apuestas en el PSOE apuntan hacia Francina Armengol, la candidata favorita de ERC por su afinidad al separatismo. Armengol se resiste y Sánchez trata de convencerla pues la lista de candidatos del líder del PSOE es limitada, descartada Meritxell Batet -quien ya había trasladado hace semanas su intención de no repetir-, y también Miquel Iceta.

Como ha venido informando este periódico, una ley de amnistía afectaría no sólo a las condenas penales o a las sanciones administrativas. También paralizaría los procesos en marcha y las investigaciones e impediría que se abriesen nuevas causas vinculadas a la celebración del referéndum separatista. Como se ha dicho, los separatistas calculan que ello afectará a miles de «víctimas» del procés, entre los que se sitúan no sólo los líderes condenados, sino centenares de activistas en distintas causas por los violentos altercados que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia, los cortes de autovías o el intento de bloqueo en el aeropuerto de El Prat. Además, obligaría a devolver multas y fianzas y el borrado de antecedentes penales, según consta en la propuesta registrada en su día en el Congreso.