La ministra de Vivienda a un paso del Supremo por difamar al novio de Ayuso

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido citada esta mañana del 5 de noviembre a un acto de conciliación con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por la indemnización de 20.000 euros que éste le reclama por una intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad. El juez ha citado a la ministra a las 9:30 horas de la mañana para que llegue a un acuerdo con el novio de Ayuso. En caso de que la conciliación no tenga éxito, el novio de Ayuso podría llevar la demanda ante el Tribunal Supremo, como ocurrió en el caso de María Jesús Montero, que se negó a indemnizar a González Amador.

El novio de Ayuso ha emprendido una batalla legal contra distintos miembros del PSOE y de Más Madrid por difamaciones en cuanto al procedimiento judicial abierto sobre él. Fuentes de su defensa aseguran que Alberto González Amador llevará a los tribunales a todo aquel que le difame.

La batería de reclamaciones se dirige, a título personal, contra la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra Diana Morant, la concejal del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, el diputado socialista José Zaragoza y el director de comunicación del PSOE Ion Antolín. Los juzgados ya han puesto en marcha estas solicitudes. 

Las conciliaciones se centran, por el momento, en Isabel Rodríguez tras las declaraciones que realizó el 19 de marzo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «Lamentablemente, todos los madrileños no tienen la posibilidad de vivir en el barrio de Chamberí, ni de desembolsar dos millones y medio de euros. Y, afortunadamente, la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda», dijo la ministra en alusión a Ayuso y las informaciones que empezaban a aparecer sobre su novio. 

La defensa de González Amador reclamó por estas palabras una indemnización, además de que Isabel Rodríguez tenga que dar una rueda de prensa en la que reconozca que sus declaraciones no eran ciertas y que se encargue de que un periódico se haga eco de las mismas. La solicitud del acto de conciliación se erige como el paso previo para interponer formalmente una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad. La condición de aforada de la ministra hará que esta demanda tenga que ser presentada ante el Supremo, que es el tribunal competente. 

Montero se negó

La ministra de Vivienda no es la única que ya ha tenido que conciliar con el novio de Ayuso. Un juzgado de Madrid citó el pasado 2 de octubre a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a un acto de conciliación por un presunto delito de intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad tras unas palabras que pronunció el pasado 12 de marzo.

«Actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia», dijo Montero a la prensa tras ser preguntada por el caso del novio de Ayuso. La ministra también insistió en que le parecía «llamativo» que Ayuso «tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntas causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión». «Se lo tiene que hacer mirar», apostilló.

La defensa jurídica solicitó por estos hechos 40.000 euros de indemnización y una rueda de prensa en la que Montero reconociera que sus palabras no eran ciertas. Además, como en el caso de Isabel Rodríguez, reclamaba que un medio de comunicación se hiciera eco de lo anunciado durante la hipotética convocatoria a medios para retractarse y rectificar. La vicepresidenta Montero se negó a llegar a un acuerdo de conciliación y no asistió a la citación. 

Al no producirse acuerdo, la demanda contra María Jesús Montero será presentada ante el Tribunal Supremo, ya que tiene la condición de aforada. Será en el Alto Tribunal donde se decida si se abre un procedimiento civil de juicio ordinario sobre este asunto. «Como el Tribunal Supremo conoce en única instancia, se ha querido intentar la conciliación antes», señalan fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.