La menor abusada por el marido de Oltra pide al juez que investigue por qué Puig no la defendió

La declaración ante el juez del pasado 19 de septiembre de Mónica Oltra, ex vicepresidenta y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de Valencia, ha provocado un alud de petición de nuevas pruebas, entre ellas la de la menor víctima de abusos, Teresa T.M., que ha pedido al juez que investigue por qué Ximo Puig, entonces y ahora presidente de la Generalitat, no la defendió en los tribunales de justicia como era preceptivo. Oltra dijo ante el juez que la Generalitat «no estaba habilitada», pero en un escrito ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia la defensa de Teresa demuestra lo contrario.

La ex consejera defendió ante el juez que la Ley 26/2018 que habilitaba a la Generalitat para representar y defender a menores tutelados en procesos judiciales entró en vigor con posterioridad a la incoación del procedimiento judicial que acabó condenando a su ex marido, Luis Ramírez, a cinco años de cárcel por el delito de abusos sexuales sobre una menor residente en el centro tutelado donde ejercía como educador. La fiscal de Menores comenzó la investigación de los abusos en junio de 2016, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos de manera casual.

El escrito presentado este lunes en el juzgado sostiene que aunque es cierto que la ley a la que hizo referencia Oltra entró en vigor el 25 de diciembre de 2018 «es absolutamente falso que antes de esa fecha no existiera título habilitante para la personación de la Abogacía», ya que esa Ley 26/2018 «deroga una anterior, la Ley 12/2008 de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el 10/10/2008».

La defensa de Teresa T. M. alude al artículo 102 de la citada ley que en su apartado 1 recoge: «Los menores, cuya tutela haya asumido la Generalitat por ministerio de la Ley, podrán ser representados y defendidos en juicio, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al Ministerio Fiscal, a excepción de aquellos supuestos en que se produzca conflicto de intereses», unos intereses que no deberían existir en un procedimiento penal tan serio como son unos abusos sexuales a una menor.

Como Mónica Oltra declaró ante el juez que «no se había considerado pertinente por quien tenía la responsabilidad de hacerlo (la abogacía de la Generalitat)» la defensa de la menor solicita que «se dirija oficio a la Abogacía General de la Generalitat a fin de que informen sobre las actuaciones, dictámenes o informes de cualquier tipo que se realizaran en relación con la posible personación como acusación particular en defensa de la menor tutelada María Teresa T. M.».

«Esclarecer esta cuestión es importante porque privar a la menor tutelada de una asistencia jurídica a la que tenía perfecto derecho, se configura como un elemento más en su revictimización, lo que tiene la trascendencia que en su día se concretará de cara a la concurrencia de los diferentes tipos delictuales», añade la menor en su escrito presentado al Juzgado.

Oltra , acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito, incurrió en varias contradicciones y algunas rectificaciones durante su declaración del día 19. Uno de los momentos más llamativos de su declaración, que llevó al juez a preguntar en varias ocasiones sobre el mismo asunto, fue cuando aseguró que se enteró «ocho años después» de la obligación de denunciar en un juzgado los abusos de menores, en concreto en 2021, aunque una instrucción de 2013, la 9/2013, dice que por protocolo hay que hacerlo e incluso la misma Mónica Oltra reconoció a preguntas del juez que «el sentido común» dice que hay que denunciar los abusos. Pero en este caso, nadie de su Consejería lo hizo, sino que fue la Policía Nacional actuando de oficio ante la manifestación de una niña la que acudió a la Fiscalía de Menores. Por eso ahora la menor quiere saber por qué la Generalitat no le ofreció un abogado para personarse en la causa y lo tuvo que hacer un particular.

Oltra manifestó ante el juez que «por supuesto» desconocía las instrucciones y protocolos antes de tomar posesión de su cargo e incluso, para reafirmarse todavía más explicó al juez que «hay centenares de instrucciones y protocolos incluso algunos dictados mientras yo dirigía la Consejería que desconozco».

Pero a preguntas del juez Vicente Ríos, la ex consejera también dijo que «nunca di orden para que tal instrucción 9/13 fuera ignorada». Es decir, que la Consejería tenía obligación de acudir a las autoridades judiciales para denunciar los hechos y facilitar cualquier actuación de Fiscalía de menores o del Juzgado para averiguar los hechos. Es más, cuando el juez lee el artículo 17 de la citada orden que reza: «La colaboración con el ministerio fiscal, como órgano al que le corresponde la superior vigilancia de la tutela, seguimiento o guarda de menores y con los órganos judiciales se realizará por los centros de acogimiento residencial a través de la Dirección Territorial de la que dependan (en este caso la de Valencia) y que en casos puntuales y concretos que no admitan demora el centro podrá contactar directamente con la Fiscalía de Menores y con los órganos judiciales», Mónica Oltra manifiesta que «no lo recuerda, pero es de sentido común».

Sobre la no personación de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa de abusos sexuales reafirmó en dos ocasiones que «no había título habilitado entonces», una circunstancia falsa para los abogados de la menor que ahora deberá valorar el juez durante su instrucción.