Calvo vuelve al ‘guerracivilismo’: construirá «lugares de duelo» antifranquistas por toda España

El Gobierno activará la maquinaria de la «Memoria Histórica» en los próximos meses. Aún en plena crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, el Ejecutivo quiere aprovechar para poner en marcha uno de sus grandes baluartes electorales.

El nuevo proyecto del Ejecutivo, muy cuestionado, incluye severas sanciones por «exaltación» del franquismo y la Guerra Civil. Pero, además, en el texto de los Presupuestos Generales del Estado se desvelan otras medidas, como la creación de «espacios de duelo» anti-franquistas. Estos espacios contarán con monumentos, placas explicativas, paneles o monumentos.

La iniciativa se incluye dentro de la «promoción y declaración de los lugares de Memoria» donde, según se indica, «se programarán actividades dirigidas a la monumentalización, así como a la construcción de espacios de duelo y memoria en colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades memorialistas».

Entre otras medidas incluidas en el texto de los Presupuestos, se recogen también «acciones para el conocimiento de la verdad, divulgación y formación sobre la Memoria Histórica» o la «elaboración del censo y retirada de simbología franquista». También se prevén llevar a cabo «actuaciones en las criptas del Cementerio del Valle de los Caídos» para lo que, se destaca, «se programarán actuaciones de intervención con la finalidad de realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados».

El Gobierno volverá a generar polémica con una ley que prevé sanciones de hasta 150.000 euros por «la falta de adopción de medidas para impedir actos de exaltación del régimen que supongan «humillación» de los represaliados o sus familiares».

La vicepresidenta Carmen Calvo defendió que se trata de una «ley para encontrarnos todos» y «para producir sobre la verdad y la justicia, la paz de la que disponemos hace mucho tiempo y la que necesitan las víctimas». El Ejecutivo estima que podría quedar aprobada en el primer semestre del año que viene.

Entre las multas más graves se recoge también el traslado de víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura sin autorización administrativa, la destrucción de fosas comunes, la destrucción o menoscabo de lugares declarados de memoria democrática o la remoción de vestigios erigidos en recuerdo de las víctimas.

Además, se prevé incluir una modificación de la ley de asociaciones para prohibir aquellas entre cuya finalidad se encuentre la apología del franquismo.

Otro de los puntos es el que declara nulas las condenas dictadas por los órganos franquistas. También se determina que la búsqueda de personas desaparecidas por la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, no a las asociaciones.

Críticas de las asociaciones

Las mismas asociaciones se han mostrado especialmente críticas con las promesas de Sánchez

«No queremos ley, queremos que el Gobierno atienda a las familias y se responsabilice de buscar a los desaparecidos. Y que lo haga ya para que deje de morir gente esperando», manifestaron desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 

Las víctimas reprochaban a Sánchez sus promesas largamente incumplidas e instaban a PSOE y a Podemos a «dejar de prometer qué hará cuando apruebe una ley, porque Pedro Sánchez lleva dos años siendo presidente del Gobierno, tiempo suficiente para haber llevado a cabo decenas de exhumaciones, haber recibido en el Palacio de la Moncloa, de manera pública y notoria a una representación de las familias de las personas desaparecidas y dejar así de hablar de lo que hará en futuro, un tiempo verbal que los hijos e hijas de los desaparecidos no pueden conjugar cuando llevan más de cuarenta años de democracia esperando a que las repare el Estado».

«No queremos más palabras, no queremos discusiones parlamentarias que pueden generar rentabilidad partidista pero no solucionan los problemas de las víctimas de la dictadura, queremos que el Gobierno ejerza lo que es; un poder ejecutivo. ¿Alguien imagina que el Estado no atendiera a las víctimas del terrorismo en el tiempo en que sufrieron atentados y no existía una ley específica», concluían.