Marlaska quita las rampas para personas con movilidad reducida de los furgones de la Policía Nacional

La Dirección General de la Policía (DGP), dependiente del Ministerio del Interior que dirige Grande-Marlaska, ha eliminado las rampas de acceso para personas con movilidad reducida en las furgonetas destinadas a la renovación del DNI, conocidas como VIDOC, en zonas rurales con el pretexto de hacer frente al problema de homologación que tienen estos vehículos.

La problemática ha surgido después de que la DGP instalara en las furgonetas destinadas a la expedición del DNI y pasaportes los equipos necesarios para la expedición de documentos de identidad. Esto ha provocado que su peso exceda el límite de Masa Máxima Autorizada (MMA) para vehículos ligeros de 3.500 kg permitidos, imposibilitando su circulación sin la correspondiente homologación. 

Las 80 unidades móviles de expedición y renovación del DNI fueron presentadas el pasado mes de febrero por Marlaska para evitar desplazamientos de los ciudadanos de zonas rurales a grandes núcleos urbanos. Sin embargo, han estado paradas durante todo este tiempo por la falta de previsión y planificación del titular del Ministerio del Interior.

Ahora, la solución del ministro pasa por hacerlos más ligeros quitando las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, el toldo protector y, además, han inhabilitado los asientos de pasajeros en las furgonetas.

Desde el sindicato de Policía Nacional JUPOL han calificado esta medida de «injustificable» porque «deja atrás a los más vulnerables». «Eliminar las rampas de acceso es condenar a la exclusión a las personas con movilidad reducida, quienes ahora se verán obligadas a desplazarse grandes distancias para poder renovar su documentación», denuncia JUPOL.

«Además, la eliminación del toldo supone una incomodidad añadida para los usuarios y funcionarios que operan en condiciones climatológicas adversas, mientras que la inhabilitación de los asientos de pasajeros limita la operatividad y comodidad del servicio», han añadido estas fuentes sindicales.

Dispendio millonario

Además del impacto que todo esto tendrá en los ciudadanos de zonas rurales, este fallo supone un importante coste para las arcas públicas. JUPOL estima que el precio de cada una de las furgonetas ronda los 250.000 euros, lo que ha supuesto un desembolso total de aproximadamente 20 millones de euros en vehículos, para los cuales se han destinado 15 millones de euros para la transformación inicial de los mismos. Una cantidad que ahora se verá incrementada por las adaptaciones que se han realizado a posteriori.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior que rectifiquen de inmediato esta decisión y garanticen que estos vehículos cumplan su función sin excluir a quienes más los necesitan.

JUPOL subraya que la falta de planificación y previsión del ministro Marlaska en la adquisición de estas furgonetas ha generado un problema que ahora «se pretende solucionar a costa de los ciudadanos más vulnerables». «El Gobierno debe encontrar soluciones que permitan la operatividad de estos vehículos sin recortar derechos fundamentales. No podemos permitir que, por una mala gestión, sean las personas mayores y con movilidad reducida las que sufran las consecuencias», concluyen.