Los policías nacionales denuncian la «lluvia de millones» del Gobierno a los Mossos: 1.386 en 6 años

El Gobierno central a través del Ministerio del Interior ha destinado una «lluvia de millones » a la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, 1.512 millones de euros en los últimos seis años. Una inversión extraordinaria nunca antes vista que choca con las deficiencias en medios y personal que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Policía Nacional y Guardia Civil.

La denuncia parte del sindicato policial Confederación Española de Policía (CEP), tras estudiar los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024. «Todos los españoles estamos costeando una Policía que atiende a una sola Comunidad Autónoma, la de Cataluña», así resume el CEP la situación.

De esa inyección millonaria del Gobierno, los Mossos d’Esquadra han recibido el 91,7% del total, de tal forma que ese Cuerpo policial se ha convertido en el principal beneficiario privilegiado de una financiación que contrasta con el desprecio del Ministerio del Interior hacia las principales reivindicaciones de mejora de los derechos profesionales de los policías nacionales.

«Dopaje para la seguridad en Cataluña»

Según el CEP, «el Gobierno está llevando a cabo un dopaje presupuestario que permite a Cataluña mantener una seguridad pública con mayores recursos y capacidades financieras que el resto de España».

El Gobierno ha asignado ya más de 1.386 millones de euros a los Mossos: 452,1 en el año 2021, 382,3 en 2022, 418,6 en 2023 y 133,7 hasta noviembre de 2024. La principal inversión del Estado en ese Cuerpo policial se ha volcado en el cumplimiento de los compromisos de financiación basados en un módulo de coste por funcionario acordado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de 22 de diciembre de 2009.

Más mossos y menos policías

Con posterioridad, en la reunión de ese mismo órgano de diciembre de 2023, se actualizaron al alza esas cifras por el aumento de la plantilla aprobado en la Junta de Seguridad Estado-Cataluña de noviembre de 2021, que suponía plantear un nuevo horizonte de 22.006 mossos y que acaba de ser nuevamente incrementado en diciembre de 2024 hasta los 25.000, aumentando así las cargas para el Estado en el futuro.

El CEP resume la situación en una sola frase: «En definitiva, todos los españoles estamos costeando una Policía que atiende a una sola Comunidad Autónoma», con un desembolso en este capítulo de 1.218 millones de euros desde 2021.

Entre tanto, «en lo que constituye un agravio escandaloso e indignante para los policías nacionales que seguimos sin tener la consideración de profesión de riesgo», el Ejecutivo central se hacer cargo del coste de las cotizaciones recargadas por la jubilación anticipada de los Mossos desde el año 2022, por un importe de 125,6 millones de euros.

La generosidad del Gobierno central, que dedica fondos de todos a mejorar la seguridad de unos pocos, constituye otro ejemplo del abismo que separa al Ministerio del Interior de los policías nacionales.

Mientras, según el CEP, el Gobierno sigue despreciando las principales reivindicaciones que plantean los representantes de los policías: una jubilación digna, para no perder cientos de euros al mes después de toda una vida protegiendo la de los demás; no duda en destinar 43 millones de euros a la «transición energética» de los vehículos de los Mossos.

En otro ejemplo, sangrante para el sindicato policial, «esos 1.512 millones de euros dedicados por el Gobierno a las Policías autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía Nacional de 135 años». También permitirían comprar hasta 386.000 pistolas eléctricas de última generación para mejorar los medios de intervención y la seguridad de los policías. Ese dinero, también serviría para disponer de otros 1,6 millones de chalecos antibalas externos.

«Es más, ese presupuesto equivale al coste que tendría la renovación de todos los edificios que albergan las Comisarías Provinciales y Locales de nuestro Cuerpo en toda España o al renting durante cuatro años de más de 32.000 vehículos patrulla híbridos para las unidades de seguridad ciudadana», puntualizan desde el CEP.