El Gobierno regala las fronteras a Cataluña porque «las diferencias entre autonomías son constitucionales»

El Gobierno de Pedro Sánchez justifica ahora la cesión del control de fronteras a Cataluña con el pretexto de que las «diferencias de competencias» entre comunidades autónomas son «constitucionales». Así lo señala el Ejecutivo de PSOE-Sumar en una respuesta parlamentaria al PP, a la que ha accedido OKDIARIO, en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el Grupo Popular planteó toda una batería de preguntas escritas al Gobierno respecto al traspaso de las competencias en materia de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat de Cataluña. «Esta situación, que no se contempla en la Constitución y que preocupa a la Comisión Europea, pretende dar el control a los Mossos d’Esquadra en los pasos fronterizos, la ordenación de los flujos migratorios, así como de los trámites de asilo y de expulsiones o retornos de inmigrantes irregulares», plantearon en la exposición de motivos los diputados que capitanea el portavoz Miguel Tellado.

«Teniendo en cuenta que la Constitución española no ampara privilegios entre comunidades autónomas y que vela por la igualdad de todos los ciudadanos, ¿considera el Gobierno que es posible mantener una política de inmigración homogénea en todo el Estado a la vez que las competencias en esta materia son desiguales entre territorios?», fue una de las preguntas que registraron los representantes del Grupo Popular.

«¿Qué criterios está siguiendo el Gobierno para negociar la cesión de estas competencias a los independentistas y qué límites ha establecido para no violar la Constitución?», fue otra de las cuestiones dirigidas a Moncloa.

En su contestación, con fecha del pasado 12 de marzo, el Ejecutivo llega a decir que «cualquiera que conozca la génesis y desarrollo de nuestro Estado autonómico sabe que las diferencias entre las competencias que ostentan y ejercen las comunidades autónomas es consustancial a nuestro modelo constitucional». Es decir, el Gobierno aboga aquí por una suerte de comunidades de primera, y de segunda.

«El Estado autonómico, desde sus inicios, ha conllevado una diversidad de competencias legislativas y ejecutivas sin que ello haya sido jamás un obstáculo para el cumplimiento íntegro de los derechos de los nacionales y los extranjeros»,  añade el Ejecutivo.

Por el contrario, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, remarcó este jueves que «uno ha de ser responsable de sus propias competencias» e incidió en que «las competencias de inmigración y extranjería son competencias exclusivas del Gobierno». Si bien el jefe de la oposición se refirió así al asunto del reparto de menores extranjeros no acompañados, tales palabras son extensivas también por parte de los populares a la cesión del control de fronteras pactada por el Ejecutivo con los separatistas catalanes de Carles Puigdemont en la proposición de ley orgánica el pasado 4 de marzo.

Para el principal partido de la oposición, «la cesión a Cataluña de la política de inmigración y control de fronteras atenta contra la unidad y la seguridad nacional; desmantela la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña; quiebra el principio de igualdad entre los españoles; supone un desmantelamiento encubierto del Estado y vulnera la Constitución y la normativa de la Unión Europea».

Además, la formación de Feijóo critica que esta «cesión integral» del control de las fronteras y de todas las competencias en materia de inmigración que se coordinará desde la propia Generalitat de Salvador Illa (PSC) y que supondrá que la plantilla de los Mossos se incremente hasta los 26.800 agentes, tendrá que correr a cargo del bolsillo de todos los españoles. «Otra vez a pagar la fiesta independentista», denuncian los populares tras la malversación de caudales públicos en el golpe de Estado del 1-O, un delito que luego rebajó el propio Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios secesionistas.

Sánchez «debilita» las fronteras

La gestión de la inmigración y el control de fronteras son «competencias estratégicas, irrenunciables y exclusivas del Estado», subrayan desde el PP. Además, recuerdan que hace sólo unas semanas, el propio Ejecutivo sostenía que la cesión del control de fronteras era «inconstitucional». «Ahora dicen que es plenamente constitucional: cambian de opinión cada cuatro de hora. Este Gobierno es una veleta en el centro de un huracán», enfatizan los populares.

A juicio del PP, el acuerdo entre PSOE y Junts que transfiere la política migratoria es un texto «excluyente» y una «decisión susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional», en tanto «debilita la coordinación» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y «reduce» la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.