Marlaska oculta cuántos marroquíes son expulsados para «no tensar relaciones» con Mohamed VI

El Ministerio del Interior se niega a proporcionar datos sobre cuántos marroquíes han sido expulsados a su país de origen. Su negativa tiene una motivación clara: que no afecte a las relaciones entre España y Marruecos. Según reconoce el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, revelar la cifra de ilegales que han sido deportados, así como la nacionalidad de los mismos «podría ser visto como una acción hostil, tensando las relaciones diplomáticas» con Mohamed VI.

«Si la nacionalidad de las personas expulsadas se publica, podría ser vista como una acción hostil por los países de origen, tensando las relaciones diplomáticas entre España y esos países, complicando futuros acuerdos de cooperación en materia de inmigración y otros asuntos bilaterales», explica el ministerio de Marlaska en una resolución de Transparencia, donde señalan que el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos se remite a la legislación nacional de cada una de las partes en lo referente a la materialización de las readmisiones.

«En este sentido, España cumplirá con lo dispuesto en el vigente Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, en lo relativo a readmisiones y devoluciones por parte de Marruecos, por la razón anteriormente citada», asegura. Es decir, Marlaska no ofrece las cifras sobre cuántos inmigrantes ilegales han sido devueltos a Marruecos para «no tensar las relaciones diplomáticas» con el vecino reino alauí.

Además, el Ministerio del Interior señala que, de revelarse la nacionalidad de las personas deportadas, se pueden generar problemas diplomáticos de otra índole. «Los países de origen podrían endurecer sus requisitos,  no aceptando la vuelta de sus ciudadanos, haciendo con ello el proceso de expulsión más difícil para España», aseguran.

Agilizar la expulsión en frontera

Pedro Sánchez negaba en el Congreso de los Diputados que España se esté enfrentando a una invasión migratoria. Sin embargo, entre las medidas propuestas defendidas por el Gobierno en esta materia se encuentra el adelanto de la aplicación del pacto migratorio de la Unión Europea, que, entre otras cuestiones, agiliza las expulsiones en las fronteras. Además, se trata de un nuevo brindis al sol de Sánchez: la aplicación en 2025, como pide el presidente del Gobierno, tendrá que ser negociada con Hungría y Polonia, los países que ostentan la Presidencia europea hasta esa fecha y que se oponen frontalmente a su aplicación.

En una reciente comparecencia ante la Cámara Baja, Pedro Sánchez avanzaba la petición a la Comisión Europea del adelanto al verano de 2025 de la entrada en vigor de las herramientas de control fronterizo y reparto de personas migrantes del Pacto de Migración y Asilo. Con la aplicación de este mecanismo, los procedimientos de entrada serán más estrictos y, como resultado, el número de rechazados será mayor porque, en la actualidad, gran parte de los que son admitidos en el procedimiento de asilo ven finalmente denegada su solicitud. Con las nuevas normas, serán más los que desde el principio verán rechazada su intención de acogerse al procedimiento de asilo.

Es decir, que mientras delante del resto de grupos políticos Sánchez defiende que España «es un país de migrantes» y arremete contra la oposición por «deshumanizar» e impulsar «medidas inmorales», el Gobierno quiere acelerar este mecanismo, que aumentaría de manera exponencial las expulsiones en fronteras. Además de esta incongruencia, Sánchez se enfrenta a otra importante traba: las reticencias de algunos países europeos, en concreto Hungría y Polonia.

Hungría ostenta la Presidencia del Consejo europeo en la segunda mitad de 2024, seguida en 2025 por Polonia y Dinamarca; es decir, dos estados –Hungría y Polonia– que se oponen al pacto y uno, Dinamarca, que giró hace años hacia posiciones muy restrictivas en este terreno y que se ve afectada sólo parcialmente por las políticas europeas de asilo. Puede preverse, por tanto, que ninguno de estos tres estados va a ser muy activo en su promoción del pacto, lo que dificulta su entrada en vigor en 2026 -cuando estaba estimado- y hace imposible el adelanto que ahora solicita Pedro Sánchez.