Marlaska niega test PCR a funcionarios pese a los 52 casos de Covid en la cárcel de Picassent

La estrategia de prevención de contagios que el Ministerio Interior mantiene con los trabajadores que dependen de su protección se está mostrando en este inicio de 2021 no solamente ineficiente sino incluso peligrosa para estos empleados públicos. El último episodio se está escribiendo a estas horas en la cárcel valenciana de Picassent, donde se ha detectado un brote de Covid en el que por el momento se han registrado 52 positivos de Covid en la población reclusa de la cárcel y aún no se sabe de qué manera puede haber afectado estos contagios a los trabajadores. Y lo peor, una vez más, no es que no se haya detectado el origen del brote sino que se siguió a pies juntillas el protocolo aprobado por Interior para aplicar en las cárceles españolas y que, al igual que pasó con los policías contagiados en Málaga, el protocolo ha fallado de manera grosera y peligrosa para la salud de internos, trabajadores y sus respectivas familias.

Todo arrancó el 14 de diciembre. Ese día un recluso salió de permiso y no regresó a la cárcel hasta el día 20. Cuando regresó al interno se le sometió al protocolo aprobado por Interior y se le mantuvo en cuarentena en el módulo de ingresos hasta el día 31 de diciembre. De la enfermería de la cárcel salió después de dar negativo en Covid en una prueba diagnóstica y el interno regresó a su módulo habitual para compartir vida con el resto de los internos.

Es importante destacar que hizo vida normal porque los quehaceres habituales de este preso en concreto en Picassent han sido propicios para una rápida propagación del virus. El interno trabaja en el economato de la cárcel, es lo que se conoce como un ‘economatero’. Son internos que realizan labores de despacho de cafés, bebidas y alimentos envasados de libre adquisición por los internos, mediante una ventanilla. Y eso estuvo haciendo este recluso además de interactuar compartiendo teléfono público, horas de comidas y cenas, y uso de otras instalaciones y actividades comunes con el resto de internos durante cuatro días consecutivos.

90 PCRs

Tras haber detectado algunos síntomas en el interno en cuestión la dirección de la cárcel optó por practicarle una nueva prueba diagnóstica de Covid que dio resultado positivo. En ese instante él y su compañero de celda fueron aislados en un módulo diferente y el centro comenzó a practicar PCRs al resto de internos del módulo del preso contagiado. 90 pruebas diagnósticas con un saldo de 52 positivos en Covid en Picassent.

Para llevar a cabo esta operativa sanitaria dentro la cárcel ha hecho falta la intervención de personal sanitario, que, ataviados con gafas protectoras, buzos impermeabilizados, guantes de nitrilo y calzas especiales han ido testando uno por uno a los 90 reclusos. Y aquí es donde cobra sentido la reclamación hecha por la asociación que representa a trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar.

Durante todo el proceso relatado, el regreso del interno de permiso, su cuarentena, su regreso al módulo, su recaída, su nuevo aislamiento y las pruebas a sus 90 compañeros, en todos y cada uno de los momentos hubo presentes y en estrecho contacto trabajadores de la prisión, equipados con mascarilla FFP2, guantes y nada más. De esa guisa estuvieron durante dos horas custodiando a los 90 presos entre los que había 52 positivos en un estrecho pasillo hasta que acabaron las pruebas.

Ante este panorama los funcionarios pidieron a la dirección de la cárcel someterse a las mismas pruebas que los internos. Los servicios médicos no sólo no han aceptado la petición, sino que no han tomado medidas de otro tipo como una cuarentena preventiva para determinados trabajadores. De hecho, lo único que se ha decidido es que dos trabajadores del módulo original del primer interno contagiado no vuelvan al centro laboral, la cárcel, por el momento.

Esto ha provocado que algunos trabajadores eleven un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO. Los trabajadores piden que “nos sea realizada la prueba que corresponda, dada la alta carga viral, el elevado número de positivos, el excesivo tiempo de exposición y el contacto próximo con estos internos en los cierres y apertura de celdas, internos que en su mayoría portaban mascarilla de tela de escasa o nula protección de la que además hicieron mal uso, mala colocación y nula higiene”.

PCR a los presos y no a los funcionarios

¿Y qué dice la dirección del centro? La asociación TAMPM  explica su respuesta y la postura de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, desde que empezó la pandemia: “La Subdirección Médica del centro, en un primer momento ha decidido que no es necesario practicar pruebas PCR ni a las funcionarias que acompañaron ayer a los internos a las pruebas, ni tampoco a los funcionarios que en los últimos días han realizado su servicio en los módulos afectados (…) Además, desde el inicio de las medidas excepcionales y activación de protocolos para evitar los contagios, en marzo del pasado año, han sido numerosos los casos de internos y trabajadores que tras dar positivo, desde el departamento de Riesgos Laborales, no se ha comunicado con los funcionarios que habían tenido un contacto estrecho con ellos para efectuar prueba PCR o de ningún tipo. En algunos casos se les remitió a la empresa que tiene adjudicado el contrato de Salud Laboral de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ASPY Prevención, obteniendo de ellos únicamente el silencio y respuestas dilatorias”.

Habrá quién piense que en según qué trabajo tengas el riesgo de contagio es mayor o menor, y eso es cierto, pero los funcionarios de prisiones también lo son por vocación. Una de las trabajadoras que pide pruebas en Picassent lo hace porque sus padres son mayores y tienen afecciones respiratorias. La prueba diagnóstica para ella no es un capricho.