El nº 2 de la Concejalía de Seguridad de Carmena «okupa» un inmueble en Lavapiés desde hace 14 años

El director del Gabinete de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Fernández Cuba, “okupa” desde hace 14 años un piso del madrileño barrio de Lavapiés. Según la web de Ahora Madrid, Cuba cobra un sueldo bruto mensual de 5.000 euros por su labor en el consistorio.

El nº 2 del concejal de Seguridad, Javier Barbero, cuyas competencias directas son la Policía Municipal o los servicios de emergencias, entre otros, es uno de los precursores del denominado “Proyecto Esperanza”, donde se engloban varias ocupaciones de pisos en el nº 8 de la calle Esperanza de la capital.

Este “proyecto okupa” existe desde hace más de una década, ya que se inició incluso antes del conocido Patio Maravillas, que se convirtió en un lugar de encuentro para el propio Barbero, considerado el ‘protector’ de Cuba, ya que gracias a él fue contratado en el Ayuntamiento. También formaban parte de este círculo el concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata o Celia Mayer, delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad del consistorio.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Javier Fernández Cuba fue demandado por Achandar Inmobiliaria S.L. por “okupar” el piso 3º exterior izquierda del nº 8 de la calle Esperanza. La demanda fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Madrid en el año 2009 y en ella se pedía que el actual nº 2 de la Concejalía de Seguridad fuese condenado «a la entrega del meritado piso vivienda, cesando cualquier acto de posesión sobre el mismo».

Dicha inmobiliaria es propietaria del 66,66% de la Comunidad de Bienes del nº 8 de la calle Esperanza. Según el Registro de la Propiedad, Cuba que ha vivido en la casa en diferentes periodos posee en la actualidad el 2,08% de la propiedad del edificio. Dicho porcentaje lo adquirió en septiembre de 2009, es decir, 4 meses después de ser demandado en los tribunales.

La demanda señalaba que la propiedad del conjunto del inmueble se había venido “ostentando de manera totalmente atomizada por más de treinta personas, lo que ha llevado al total abandono de su propiedad por parte de los condueños, que se han desentendido por completo de la misma; y a diversas operaciones de transmisión de la propiedad mediante fórmulas diversas (contratos privados de compraventa, ventas verbales…), con poca claridad sobre los derechos de los transmitentes”.

Un informe realizado por una agencia de detectives en el 2009 que forma parte de la causa, recoge el testimonio de una de las demandadas reconociendo que “todo el edificio está ocupado”, excepto el 3º exterior derecha.

A pesar de ello, en el año 2013, el Juzgado falló a favor de Javier Fernández Cuba «sin entrar en el fondo» del asunto: “El resultado pretendido no es provechoso para el resto de los comuneros, ya que Achandar Inmobiliaria S.L. reclama para sí el piso tercero exterior izquierda de la casa, pretende que se declare la prioridad de su título dominical frente a la posesión de los demandados y asimismo su condición de propietaria de dicho piso, y pide que se condene a los demandados a entregárselo, cesando cualquier acto de posesión sobre el mismo y reintegrando su posesión a la parte actora”.

Es decir, el fallo en el que se condenaba al pago de costas a Achandar especificaba que la inmobiliaria no podía «reclamar la propiedad de tal piso uno solo de los partícipes, pues ello supone desconocer los derechos de las restantes cuotas indivisas».

Segundo pleito contra Cuba

Un segundo procedimiento se iniciaba en el 2012 contra el director del Gabinete de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Fernández Cuba, por parte de otra inmobiliaria afectada, Cronos Inversiones S.L. Ésta es propietaria del 22,5% del inmueble y demandó al nº 2 de Seguridad del consistorio ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid.

Esta segunda demanda incluye un informe técnico que establece que el inmueble “requiere la realización de obras de reparación en elementos comunes que suman 86.739,95 euros”. “La consecuencia de que el estado del edificio exija reparaciones que exceden del 50% de su valor actual es la extinción de la propiedad horizontal existente sobre el inmueble litigioso con conversión en copropiedad ordinaria. Ello obliga a realizar la adaptación de las cuotas de los proindivisos actuales sobre las dos fincas de la división” añade el escrito.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid ya ha designado un perito arquitecto para realizar una inspección de la propiedad y posteriormente, poder realizar la división horizontal y terminar con los pisos ocupados.

La división horizontal de un edificio de viviendas es un acto documentado público donde se divide el inmueble en fincas registrales independientes con su propia referencia catastral y cada una con un coeficiente de participación dependiendo de su superficie.