Los privilegios de la infanta: es la única asistente al juicio que no pasa por el detector de metales

Ya la primera sesión del juicio del caso Nóos, con el fiscal y la abogada del Estado transformados en abogados defensores pidiendo la aplicación de la doctrina Botín a la infanta Cristina,  demostró la incomodidad que provocaba a muchos ver a un miembro de la Familia Real sentado en el banquillo.

Las primeras semanas de la vista oral han confirmado esta sensación, al comprobar los privilegios que disfruta la hija del Rey, quien no es tratada en absoluto como un acusado más.

Cada mañana, todos los asistentes al juicio –incluidos los acusados, sus letrados, los periodistas y el público– son sometidos a la incomodidad de atravesar un control de seguridad y dos arcos detectores de metales, instalados en la planta baja y la primera planta, para evitar que alguien acceda a la sala de vistas portado un arma.

Todos sospechosos, salvo la infanta

Todos, salvo la infanta Cristina. Sólo ella y sus dos guardaespaldas –dos policías nacionales, uno de los cuales suele asistir a las vistas sentado entre el público– son eximidos de esta obligación. O lo que es lo mismo, todos los asistentes al juicio salvo la infanta son tratados como sospechosos de intentar irrumpir en el juicio con un arma.

Lo mismo ocurre en el exterior del inmueble situado en el Polígono de Son Rossinyol de Palma, propiedad de la Escuela de Administración Pública (EBAP) del Govern balear. Durante todas las sesiones, el edificio está tomado literalmente por decenas de agentes antidisturbios desplazados desde otras provincias, precisamente para garantizar la seguridad de la hija del Rey emérito Juan Carlos I.

Los agentes presentes en la zona se encargan de que ningún vehículo se detenga a menos de 30 metros de la puerta del inmueble, lo que obliga a los abogados y periodistas a abandonar su coche lejos del edificio y recorrer la distancia a pie.

Todos, salvo dos de los 23 acusados: la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Cada mañana, un vehículo Skoda conducido por un chófer les deja en la puerta del inmueble, y les vuelve a recoger en el mismo lugar cuando concluye la sesión.

Evitan que les sigan los ‘paparazzi’

Se repite entonces otro ritual, idéntico cada día: una vez la infanta y su marido abandonan el edificio del juicio, los agentes de Policía detienen el tráfico durante diez minutos, para evitar que cualquier vehículo pueda seguirles. Un método para evitar que los paparazzi les fotografíen dentro del coche o les persigan hasta su destino.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach inició el viernes el interrogatorio de Iñaki Urdangarin, que probablemente seguirá respondiendo a las preguntas de las acusaciones y los abogados defensores hasta el próximo jueves –ni el lunes ni el martes, Día de les Illes Balears, se celebrarán sesiones del juicio–.

Luego le corresponderá el turno a la infanta Cristina. Todavía es una incógnita si accederá a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Pablo Molins, o si también accederá a contestar a las demás partes, incluyendo el fiscal Pedro Horrach y la letrada de la acusación popular, Virginia López Negrete.

Esta última es la única que mantiene la acusación contra la infanta –pide para ella una pena de ocho años de cárcel y una multa de 2 millones de euros, como cooperadora necesaria en los delitos de su marido–, por lo que sus preguntas serían sin duda las más comprometedoras.

Las preguntas más comprometedoras

En cambio, tras solicitar sin éxito la aplicación de la doctrina Botín, todo hace indicar que las preguntas del fiscal Horrach irán encaminadas a demostrar que la infanta Cristina no sabía nada sobre los negocios de su marido, del que era socia en la sociedad Aizoon.

En cualquier caso, si la infanta se acoge a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación popular, este gesto podría ser valorado negativamente por el tribunal.

Todavía estar por ver, también, si el tribunal obligará a la infanta a asistir a la totalidad del juicio –que todavía puede prolongarse durante tres meses más– o si le eximirá de esta obligación, una vez comiencen las tediosas jornadas de declaración de los testigos.

Ya el pasado mes de enero, la acusación popular planteó una protesta recordando que la ley exige que todos los acusados estén presentes en la sala de vistas hasta la conclusión del juicio.