El letrado del Congreso ex alto cargo de Sánchez contradice a su antecesor y avala la amnistía

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados liderados ahora por Fernando Galindo, letrado mayor que hasta hace unas semanas formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez, han validado la tramitación de la proposición de Ley de la Amnistía registrada por el PSOE para beneficiar a los golpistas catalanes del 1-O.

De esta forma, el informe realizado ahora por los letrados capitaneados por Galindo, que venía ejerciendo antes de su cese el 31 de octubre como subsecretario del Ministerio de Política Territorial, contradice la posición que adoptó su antecesor en el cargo de secretario general del Congreso, Carlos Gutierrez Vicén, quien el 23 de marzo de 2021 presentó un dictamen técnico a una proposición de ley de amnistía presentada por ERC y el Grupo Plural en el que desestimaba su calificación e inadmitía a trámite dicho texto por entrar en una «contradicción palmaria y evidente con la Constitución».

Ahora, según el documento avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso OKDIARIO, los letrados del Congreso que dirige Galindo ven diferencia entre la iniciativa registrada por el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez  y la que presentaron los grupos parlamentarios independentistas en 2021. Según sostiene el informe ahora, en aquella ocasión la iniciativa de ERC y Grupo Plural (donde se integraba Junts) estaba concebida como un indulto general. Sin embargo, la iniciativa de amnistía de los socialistas «cuenta con elementos que le diferencian» de la anterior, negando que se incumpla con ella el artículo 62 de la Constitución, que prohíbe la concesión de indultos generales. «Estos elementos permiten afirmar que no existe una contracción evidente y palmaria con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución», recoge el informe.

Con todo, el documento reproduce el argumentario de Moncloa y PSOE, pues señala que «la Constitución de 1978 no incluye ninguna referencia a la amnistía» y subraya que «el Tribunal Constitucional tampoco se ha pronunciado de manera tajante en relación con situación en la que se encuentra la figura jurídica de la amnistía después de la entrada en vigor de la Constitución».

Además, el escrito con sello de la secretaría general del Congreso sostiene que «dado que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que habría sido posible declarar la inconstitucionalidad sobrevenida de leyes preconstitucionales siempre que su contenido fuera contrario a la Constitución, se puede colegir que el contenido de la ley de Amnistía de 1977 es conforme con la Constitución», sentencia la secretaría de Galindo.

«Doctrina del Constitucional sin dictar»

En las conclusiones, también se dice que «hay otros posibles de motivos de inconstitucionalidad identificados por parte de la doctrina para cuyo análisis sería necesario contar con doctrina del Tribunal Constitucional que no se ha dictado aún». «Estos incumplimientos no se derivarían  de una lectura directa de ningún precepto de la Carta Magna, sino de una interpretación de los mismos aplicada a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Alto Tribunal», añade.

«En consecuencia -prosigue-, no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución», remacha el texto del departamento de Galindo.

Este informe (no vinculante) será visto por la Mesa del Congreso en su reunión de este martes, donde será calificada para su tramitación parlamentaria al tener PSOE y Sumar mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara baja.

El PP recusa a Galindo

Precisamente, este mismo lunes, el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso comunicó que había solicitado la recusación de Galindo al no tener constancia de que se hubiera apartado del informe sobre la proposición de ley de amnistía del PSOE. De este modo, el PP advertía en su escrito de que «Galindo era miembro de un Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar, ya que el propio ministro Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley; lo que significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o por lo menos que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo», remarcaron los populares.

Asimismo, el Grupo Popular con Cuca Gamarra al frente consideraba que «es más que probable» que Galindo «sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos; por lo que queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo».

Además, Fernando Galindo está casado con quien ha sido directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre. Tal y como publicó OKDIARIO, Mercedes Cabrera Orejas trabajó como alto cargo del Gobierno de Sánchez (directora general de Relaciones con las Cortes) desde su llegada al poder a mediados de 2018. A ello se une, como informó también este periódico, que Galindo fue también vocal vecino del PSOE en la Junta Municipal de Chamartín en el Ayuntamiento de Madrid antes de sacarse la oposición de letrado del Congreso.