Koldo tomó «medidas de seguridad» al saberse investigado: se citaba con contactos a través de su mujer

Koldo García, el ayudante de José Luis Ábalos investigado por la Audiencia Nacional por comisiones millonarias, tomó medidas de seguridad al tener firmes sospechas de estar siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales. La querella de la Fiscalía Anticorrupción recoge que el asesor del ministro se citaba con sus contactos a través del móvil de su mujer con la intención de dar esquinazo a los investigadores.

Tal como consta en la documentación judicial consultada por OKDIARIO, la unidad policial encargada de la investigación «ha percibido que Koldo García adoptó medidas de seguridad en sus encuentros, pudiendo destacar que podría valerse de su mujer para contactar con personas de su círculo social».

Además, de sus conversaciones se descubre que Koldo García «ciertos temas de conversación, por el motivo que fuere, preferiría tratarlos en persona, independientemente del lugar de residencia de los interlocutores y de la duración del encuentro». Por ejemplo, un encuentro que fue observado entre Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto se realizó «en medio de la calle y con una duración de apenas siete minutos».

Así, Koldo García, al ser avisado de que estaba bajo el foco judicial por  presuntamente intermediar a favor de la empresa Soluciones de Gestión SL para que consiguiese adjudicaciones públicas con la Administración, extremó las precauciones. Tras embolsarse presuntamente comisiones por 1,5 millones de euros en dos años, el asesor y amigo de Pedro Sánchez empezó a medir sus pasos. Trasladó dinero a cuentas en Brasil y Luxemburgo y hablaba en clave con sus interlocutores. Lejos de hablar sin cortapisas hablaba con mensajes crípticos en los que sustituía la palabra dinero por otros sustantivos. Esto disparó las sospechas de la Guardia Civil, ya que veían unas actitudes del todo anormales.

«Lo sé todo»

Según explica el juez en un auto de la Audiencia Nacional, hace apenas veinte días, el pasado 3 de febrero, Koldo García ya se sabía investigado. Habló con Rogelio Pujalte, propietario del depósito judicial de Murcia, y éste último le recomendó no usar la aplicación de mensajería Telegram. A esto, el ex asesor de Ábalos respondió: «No se preocupe, lo sé todo».

A continuación, en esa charla marca territorio y hace gala de tener información de primera mano. Le dice a su amigo que sabe «que están, cómo están, cuándo están» y subraya que la situación «es por culpa del perro», en referencia a Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF.

Otras llamadas desvelan que el hermano de Koldo García, Joseba, habría recibido dinero suyo en efectivo. «No te voy a dejar ni un duro, ni te lo voy a cambiar por billetes en la mano», le dijo Joseba a su hijo el 13 de diciembre de 2020, donde reprodujo lo que había hablado previamente con su hermano.

Esta obsesión de los altos cargos del Gobierno del PSOE por estar al tanto de las investigaciones en su contra viene de lejos. Cabe recordar que la Audiencia Nacional obligó al Ministerio del Interior a reponer en su puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido por no informar de la investigación judicial sobre la autorización de la manifestación del 8M, el Día de la Mujer. Los jueces concluyeron que el guardia civil cumplió con su deber al no informar de unas pesquisas que salpicaban al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque la instructora de ese caso le había impuesto el deber de reserva. La motivación sobre su destitución fue «ilegal», a ojos del citado tribunal.

Implicación de Interior

En el caso Koldo, que la Guardia Civil bautizó como operación Delorme, en referencia a Charles Delorme, el inventor de la mascarilla, vuelve a entrar en juego el Ministerio del Interior. Se ha tomado declaración al número dos del ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que ese departamento del Gobierno también benefició con un contrato muy sustancioso a Soluciones de Gestión.

En concreto, Interior, a través de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, compró material de protección contra el Covid-19 para el personal de la citada Secretaría de Estado de Seguridad, por un valor de 3.479.355 euros.