Un juzgado laboral pone fecha a una causa de despido: ¡el 8 de mayo de 2024!

El aumento de la conflictividad laboral tras la pandemia ha obligado a muchos ciudadanos y empresas a acudir a la Justicia para resolver sus diferencias. Sin embargo, la falta de medios técnicos y humanos en los planes diseñados por el Gobierno para la reactivación judicial están provocando que lejos de convertirse en la solución a sus problemas, los tribunales, con los andaluces en cabeza, anticipen un colapso que «será efectivo hacia finales de año en todas las comunidades», aseguran fuentes jurídicas a OKDIARIO. Un Juzgado almeriense cita dentro de cuatro años a las partes de una causa por despido: «Admitir la demanda presentada y señalar el próximo día 8 de mayo de 2024 a las 12:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas número 8», reza la resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Si ya en circunstancias ordinarias dicha jurisdicción acumula gravísimos retrasos, la parálisis de la actividad económica durante el estado de alarma y la recesión económica en ciernes, están obligando a algunas circunscripciones -como Almería, Huelva o Sevilla- a retrasos difícilmente compatibles con «el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos», apuntan desde las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados.

Inasumible

Para los actores jurídicos la situación empieza a ser inasumible. Desde CSIF lamentan que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia tuviesen en cuenta sus recomendaciones para evitar el colapso, ni se sentasen a negociar, antes de aprobar cualquier paquete de medidas para su ámbito. «La situación va a ser muy difícil. Nosotros hemos calculado que el trabajo en los Juzgados se puede llegar a duplicar en algunos órdenes jurisdiccionales como lo social, por los despidos, ERES y ERTES; lo mercantil, con las empresas que se declaren en concurso; o, el contencioso-administrativo, por las reclamaciones contra posibles malas gestiones de la Administración durante la pandemia», ha declarado a OKDIARIO Javier Jordán, portavoz  nacional del sindicato mayoritario de los funcionarios de Justicia.

Por su parte, CCOO amenaza con movilizaciones para después de verano «si no hay voluntad política» para «solucionar una situación muy grave» que se ha agudizado tras la crisis del coronavirus. Según datos propios del sindicato, en el primer trimestre del año la jurisdicción social acumulaba un total de 23.000 pleitos, «dos mil más que en 2019». Unas cifras que en Sevilla representan «la tasa de congestión más alta de todos los juzgados» y que «exigen», como mínimo, «la creación de un mínimo de 6 nuevas unidades» de refuerzo.

La situación no es mucho mejor en otras demarcaciones. El Colegio de Abogados de la Coruña advertía meses atrás en un comunicado oficial que «una justicia lenta no es justicia», para denunciar que, en la capital herculina se estaban produciendo citaciones a juicios para el año 2023. Un plazo que la entidad consideró «desproporcionado» y que atribuyeron a «la saturación» histórica y permanente «que viven los juzgados», que se ha visto recientemente «agravada» por la crisis sanitaria, y que «no se está solucionando por parte de la Administración».

Los jueces avisaron

Los miembros de la carrera judicial llevan meses alertando del riesgo de una planificación insuficiente e inadecuada para la ‘desescalada’ desde el Ministerio de Justicia. Tal es así que, durante el confinamiento, avisaron de que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) del Gobierno serán la «estocada final» para el maltrecho mercado laboral, una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus. Los magistrados ya advirtieron de la imposibilidad de atender la avalancha de reclamaciones que los empresarios han presentado contra las resoluciones «estereotipadas y sin ninguna motivación» con las que la Administración laboral rechazó, en muchos casos, sus peticiones para acogerse a la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo de Sánchez.

«Los primeros recursos no se verán, como mínimo, hasta mayo de 2021», apuntaban entonces los magistrados en declaraciones a este diario. Para entonces muchos pequeños empresarios quedarán obligados a «declararse en concurso de acreedores» y abocados a la quiebra, porque «la inactividad y el colapso en los juzgados de lo Social harán imposible su supervivencia», añadieron.

«Y mientras tanto, el empresario terminará declarándose en Concurso pues la inactividad impuesta durante el coronavirus, la imposibilidad de recuperación, el tiempo en el que no ingrese ningún tipo de ayuda pública y el colapso en los Juzgados de lo Social» que se verán obligados a dilatar en el tiempo la decisión sobre el recurso de su tramitación «le harán imposible su existencia», alertaron los expertos consultados por OKDIARIO el pasado mes de marzo. La realidad ha terminado por tachar de excesivamente optimista su visión.