El juez envía a la Policía a entregar en mano a Aena la prohibición de destruir las grabaciones del ‘Delcygate’

El Juzgado de Instrucción 7 de Madrid ha exigido proteger las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas. Pero el Juzgado no quiere ni la más mínima disculpa por parte de Aena o Barajas y ha decidido enviar a la Policía Judicial a entregar en mano en ambas sedes el auto para garantizar que las cintas no se destruyan.

La acción ha sido instada como consecuencia de la denuncia presentada por el PP, y el Juzgado de Instrucción número 7 ha respondido aceptando la reclamación de los populares y requiriendo a Aena las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de las dependencias del aeropuerto para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos.

El Juzgado de Guardia de Madrid ha estimado, así, la medida cautelar urgente solicitada por el PP y ha acordado requerir a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que procedan a conservar “las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020 relativas al hecho denunciado: presencia de Dª Delcy Eloísa Rodríguez López en aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana del día 20-1-2020”.

La argumentación destaca que ese trato a Delcy Rodríguez, en caso de confirmarse, estaría en contravención de la «Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074”, porque la mano derecha de Nicolás Maduro es una de los 25 dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionadas, incluyendo la prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él, tal y como destaca el PP.

Y todo ello se ha hecho bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial de no atender dicho requerimiento de conservar las grabaciones.

El Auto del Juzgado, además, declara que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del PP se desprenden indicios racionales de hecho delictivo.

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