La Justicia admite la primera demanda contra el Estado por no aplicar la Ley ELA

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona ha admitido a trámite una demanda contra el Estado por el incumplimiento de los derechos fundamentales que recoge la Ley ELA. Es, por tanto, la primera vez que la Justicia admite una demanda contra el Estado por este asunto. El demandante, un enfermo de ELA diagnosticado hace 15 años, ha dado el primer paso para dar aliento a otra demanda, en este caso colectiva, la que prepara una treintena de familias españolas del movimiento DemandELA.

El enfermo de ELA, Antonio, ha recurrido a los tribunales para denunciar que no ha percibido ninguna de las ayudas de la Ley ELA, con las que se deberían garantizar la atención integral y los derechos fundamentales de los enfermos, a pesar de que la norma se aprobó en el Congreso en 2024 y prometía avalar una atención digna a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

La jueza ha considerado el historial clínico del paciente demandante para dar luz verde a la tramitación y ha entendido que «la falta de respuesta frente a una situación médica concreta» es impugnable. O lo que es lo mismo, la magistrada ve una posible vulneración de los derechos fundamentales de Antonio por la inacción administrativa frente a un estado de salud crítico. Si el paciente necesita atención 24 horas o no se decidirá «por su derecho a no vivir en riesgo de asfixia durante la noche», por ejemplo, y no en función de las ayudas económicas.

Entre otras cosas, la Ley ELA tendría que garantizar esa atención 24 horas, servicios sociosanitarios, ayudas domiciliarias especializadas y apoyo psicológico y económico para las familias de los enfermos. Sin embargo, son demasiadas las familias que esperan que la norma de 2024 se traslade a la toma real de medidas, ante la nula ejecución de las mismas que denuncian.

La Ley ELA se aprobó en octubre de 2024, con el consenso unánime de los principales partidos que permitió dar luz verde a la norma que estuvo estancada años. El Gobierno de Pedro Sánchez retrasó su aprobación, ya que desde el año 2019 (es decir, durante dos legislaturas), el Ejecutivo frenó la norma más de 60 veces. Además, se aprobó sin financiación, cuando se estima que requiere de una inversión de 200 millones de euros que el Gobierno -que incluso ha entregado dinero a la OMS- aún no ha destinado, aun cuando recauda 1.600 millones al día. 

Demanda colectiva por la Ley ELA

La iniciativa legal y social #DemandELA nació para exigir el cumplimiento inmediato de la ley, así como la reparación de los derechos vulnerados. La admisión a trámite de esta demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona podría, al menos, allanar un poco el camino.