Junts lleva al Congreso su reforma para que se castigue con hasta tres años de cárcel robar un móvil
Los de Puigdemont denuncian la "alarma social que existe en términos de inseguridad"
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Junts llevará al próximo del Congreso su reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para intentar detener el problema de la multirreincidencia. La propuesta de los de Carles Puigdemont incluye, entre otras cuestiones, plantear que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de cárcel. Actualmente, la Cámara Baja tiene en tramitación parlamentaria una reforma del Código Penal en esta materia, impulsada en esta ocasión por el PP, para endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas. Esta iniciativa salió adelante el pasado mes de junio gracias al voto a favor de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN.
El grupo parlamentario de Junts, liderado por su portavoz, Míriam Nogueras, intentarán que salga adelante su propia propuesta, en la que alertan de la «alarma social que existe en términos de inseguridad», debido a que el sistema -ya sea policial, administrativo o judicial- no es capaz de «evitar» las oleadas de delitos poco graves, especialmente hurtos. «Cuando pasan a disposición judicial, los infractores son dejados en libertad y continúan delinquiendo impunemente una y otra vez», recalca la formación separatista en su texto. También se defiende que la situación en las calles «sigue empeorando paulatinamente», a pesar de la reforma que se llevó a cabo en el año 2022 del Código Penal con el objetivo de dar «solución a la insuficiente respuesta penal ante los hurtos multirreincidentes».
Un gran «problema» en Cataluña
El partido liderado por Carles Puigdemont advierte de que la delincuencia de hurtos ha aumentado un 6% en Cataluña y actualmente es percibida como uno de los «mayores» problemas. «El trabajo policial, en muchos casos, no es efectivo hasta que una sentencia firme condenatoria con pena de prisión obliga al ingreso de los delincuentes en prisión, un proceso que puede durar años o incluso puede no producirse», señala el texto registrado por Junts en el Congreso. «La ciudadanía percibe y los datos confirman», esgrime la iniciativa.
Por ello, lo que proponen es una modificación del Código Penal, en relación con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico previstos en el capítulo primero del título III. En concreto, proponen modificar el artículo 234 para que las penas por multireincidencia no dependan del montante acumulado de las infracciones, que actualmente está situado en 400 euros. «El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros», señala el artículo.
También piden reformar el artículo 235, al que quieren añadir penas de uno a tres años de prisión por el robo de móviles o dispositivos electrónicos. También abogan por modificar el artículo 22 de la misma norma, relativo a las circunstancias agravantes, y el artículo 66 sobre las reglas generales para la aplicación de las penas en los delitos leves, para penar con una multa de uno a tres meses los delitos reincidentes.
«Más recursos necesarios»
Por otro lado, el objetivo de la propuesta de Junts en el Congreso es impulsar los «recursos necesarios» que permitan hacer efectiva esta reforma, como modificar también el Anexo IV de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70.
Además, los de Puigdemont buscan modificar el artículo 105 la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de que las entidades locales tengan «la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la actuación que corresponda a la Fiscalía». «Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada», reza el artículo.
«En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida», apostilla este apartado.
Por último, proponen incluir una modificación puntual al Real Decreto por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, en relación a la información de carácter general contenida en los registros integrados en el sistema, y en relación a la información contenida en la inscripción de sentencias firmes, así como en la inscripción de medidas cautelares.