El juez imputa a Repsol y Caixabank e imputará a Iberdrola Renovables por el ‘caso Villarejo’
La imputación de Iberdrola Renovables se demora después de que la compañía haya presentado un recurso de nulidad que está pendiente de resolverse
Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción serán investigadas por presuntas facturas falsas a nombre del ex comisario
En la causa ya se encuentran como investigados sus presidentes Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau e Isidro Fainé
La pieza del caso Tándem que afecta a tres de las mayores empresas de nuestro país cuenta con nuevos imputados, y no son unos investigados cualesquiera. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha accedido a investigar a Repsol y Caixabank como personas jurídicas tras estudiar la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el magistrado también imputará a Iberdrola Renovables. Las compañías serían presuntas responsables de haber cometido cohecho a la hora de contratar y encubrir tareas de espionaje del ex comisario José Manuel Villarejo. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el juez ha tomado esta decisión para «garantizar» la defensa de las empresas en el procedimiento judicial.
La Fiscalía mantenía en su escrito que existen indicios que hacen pensar que tres de las mayores empresas del Ibex35 se habrían interesado en contratar a Villarejo para llevar a cabo tareas de espionaje a través de Cenyt, la empresa del ex policía. Ahora el juez acepta esa petición de que dos de las compañías sean investigadas cuando a estas alturas de la instrucción ya hay, en las piezas separadas que afectan a estas empresas, una treintena de directivos y empresarios investigados en relación con las actividades de Villarejo. Las mismas fuentes manifiestan que el magistrado responderá a la solicitud del Ministerio Público con respecto a la pieza separada número 17 del caso Tándem, en la que se investiga los trabajos encargados por Iberdrola al comisario jubilado, en los próximos días. Antes debe resolverse un recurso de nulidad presentado por la compañía.
Está claro que a la Fiscalía se le quedó corto que José Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau e Isidro Fainé estén imputados por presunto delito de cohecho, o lo que es lo mismo, según Fiscalía, pagar los servicios de un funcionario público en activo, Villarejo, para lograr fines beneficiosos para ellos mismos o sus empresas. Los tres presidentes niegan la mayor y aseguran haber contratado los servicios de Cenyt pensando que Villarejo estaba ya fuera de la Policía y en el marco de una actividad empresarial transparente.
Además, el que fuera máximo responsable del departamento de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, solicitó este martes a la Audiencia Nacional que se incorporase al procedimiento un informe de compatibilidades que elaboró el Ministerio del Interior en relación a los negocios privados del comisario jubilado.
Ahora el juez imputa a Repsol y Caixabank como respuesta a la demanda de la Fiscalía de tratar de averiguar si las dos o algunas de ellas pudo manipular sus cuentas o sus facturas para maquillar o esconder los pagos a Villarejo y serán los representantes legales de las empresas los que deban responder a estas cuestiones.
El auto de imputación llega como consecuencia de una cuestión que durante esta instrucción ya le puso el propio juez sobre la mesa a la Fiscalía: qué posición procesal ocupan las tres empresas y en qué responsabilidades penales pudieran haber incurrido. De hecho, el juez García-Castellón suspendió la declaración de Sánchez Galán –que estaba prevista para este 8 de julio– a la espera de que el Ministerio Público se pronunciara al respecto.
Lo que trata de saber el juez a partir de ahora es si, primero, se produjeron tareas de espionaje por parte de un policía en activo por encargo de las empresas. En el caso de Iberdrola uno de los principales nombres presuntamente espiados es el del presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, y por parte de Repsol y Caixabank la presunta víctima de los trabajos de Villarejo sería Luis del Rivero, ex presidente de la inmobiliaria y constructora Sacyr. La relación contractual existe y, por ejemplo, en el caso de Repsol se hizo llegar al juzgado un pormenorizado informe que desgrana cómo, cuándo, por qué y a cambio de cuánto dinero se contactó con Villarejo. Está claro que ni al fiscal ni al juez le ha parecido suficiente.