Un juez acusa a la ‘cloacóloga’ de Roures de denunciar al ex DAO Pino de manera falsaria, temeraria e inveraz

Jaume Roures Público

El titular del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid ha desenmascarado a la ‘cloacóloga’ Patricia Ariadna López, la reportera preferida de Jaume Roures y Podemos, por acusar de manera falsaria al comisario Eugenio Pino de un delito de revelación secretos. Según el magistrado Tomás Martín Gil, en un auto judicial dictado el 15 de diciembre, la periodista del diario Público no sólo actuó contra el funcionario de manera temeraria, sino que además su información carecía de veracidad.

La periodista de Público presentó una querella contra Eugenio Pino el 5 de diciembre de 2017 por un delito de “denuncia falsa”. El ex director adjunto Operativo (DAO), en la práctica el “número dos” de la Policía, había actuado penalmente contra la reportera de Roures, tras acusarle ésta en uno de sus artículos de un delito de revelación de secretos.

La querella de Patricia López fue rechazada, en un principio, por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, en febrero de 2018. Posteriormente, la sección Segunda de la Audiencia Provincial decretó que se admitiera a trámite.

En julio de 2019, el Juzgado decidió nuevamente desestimar la querella de López, pero la Audiencia Provincial insistió en su tramitación. La versión del Juzgado de Instrucción 33 insistía en que Eugenio Pino había negado los “hechos esenciales de la imputación”, rechazando haber revelado secreto alguno, mientras la periodista no aportaba datos fehacientes. El ex DAO de la Policía acusaba a la querellante Patricia Ariadna López Lucio de mentir intencionadamente “con conocimiento de la falsedad y mala fe”, inculpación que fue acreditada durante la instrucción.

El Juzgado exigió a la ‘cloacóloga’ del diario podemita Público que demostrara con pruebas su acusación, ya que le correspondía a ella tomar la iniciativa en la “carga de la prueba”, es decir, poder demostrar los hechos.

El titular del Juzgado exigía a la reportera de Público, Patricia López las pruebas a fin de despejar que sus “afirmaciones publicadas” no se sustentaban en “su única, subjetiva y personal apreciación, sino en manifestaciones claras y precisas de terceros identificados, cuya verdad o suficiencia habría de valorarse en fase de instrucción o por el Tribunal o a través de medios objetivos de grabación, reproducción o documentación, que hubiere obtenido, tuviere a su disposición y pudiera ofrecer al Juzgado”.

La respuesta decepcionante de López

Las exigencias del Tribunal recibieron una respuesta decepcionante por parte de Patricia López, que el juez recoge en su auto: “La periodista reconoce no estar en posesión de tales datos, ni testificales ni medios de constatación objetiva, así como la no existencia de tales testigos o medios”.

El magistrado se muestra, así mismo, sorprendido por el comportamiento de la periodista: “Ni siquiera indica la posible existencia de estas fuentes que, no obstante, quisiera preservar para mantener el secreto del origen de su información”.

Según el Juzgado, las acusaciones de Patricia López contra Eugenio Pino carecen de fundamento. El titular del Jugado de Instrucción 33 se muestra contundente cuando afirma que López Lucio sólo se sustentaba en “apreciaciones subjetivas o indicios de escasa fiabilidad”.

Una vez más se destapaba el cometido de la periodista teledirigida por Podemos y Roures. Ella y otros compañeros de Público, que acuñaron el término “policía patriótica”, emprendieron desde el diario podemita una dura campaña contra el DAO del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien le dedicaron un sinfín de artículos con información sesgada.

Así mismo, el auto del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid valora la querella de López como “temeraria”. Considera que la periodista nunca pudo acreditar la veracidad de sus informaciones, incluso, cuando llegó a disfrutar hasta tres ocasiones para demostrarla: en la publicación en el diario de Roures, a través de la exceptio veritatis y en la presente querella.

El magistrado acusa a López de pretender que “los parámetros de exigencia de la publicación periodística deban sustituir a los criterios jurídicos que deben seguirse en el ejercicio y mantenimiento de la acción penal, los que por su desconocimiento justifican el cierre procedimental de la presente causa”.

Por todo ello, el juez Tomás Martín Gil decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, notificando su resolución al Ministerio Fiscal y al resto de actuantes.

Martín Gil, titular del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid desde hace una década, es un magistrado con experiencia y acreditación en el mundo de la Judicatura. Ha afrontado casos difíciles y de relevancia mediática como el del ‘violador del ascensor’, que fue procesado por violar a dos mujeres e intentarlo con otras dos. Así mismo, instruye el sumario del ‘chivatazo’ del caso Púnica que benefició al constructor David Marjaliza.

Además, Martín Gil fue el juez que admitió a trámite la primera querella de una víctima del franquismo contra el policía Juan Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’.

La larga sombra de Stampa

Tras el auto del magistrado, se produce la paradoja de que el fiscal del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid es desde el pasado mes de noviembre Ignacio Stampa, que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción por su “amistad peligrosa” con la abogada de Podemos, Marta Flor Núñez.

Stampa se vio obligado a abandonar las diligencias del sumario Tándem contra Villarejo, entre ellas las del caso Dina, tras demostrarse su irregular relación con la letrada podemita. Un chat interno del equipo jurídico de Podemos desvelaba que Marta Flor había cruzado mensajes con el fiscal en los que se trataban aspectos secretos de la causa.

El fin último de esa turbia relación era perjudicar a un grupo de periodistas que habían denunciado la corrupción de Podemos, relacionándolos con la sustracción de la tarjeta telefónica de Dina y otros “asuntos sucios” del ex comisario Villarejo. Entre los investigados por la Fiscalía se encontraban Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y otros periodistas de este diario.

Era todo un escándalo porque la letrada estaba personada en el caso Dina como abogada de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, que había sido asistente personal del hombre fuerte de Podemos. El fiscal anticorrupción demostraba en sus conversaciones con la abogada de la formación morada una animosidad injustificada hacia los periodistas que pretendía imputar.
Y para completar el círculo del complot no podía faltar Público, el diario del trotskista Jaume Roures que, como también ha quedó acreditado en los mensajes internos de Podemos, proyectaba en sus páginas las intrigas de Stampa y Marta Flor. Para cubrir esa función, el dueño de Mediapro -empresa audiovisual que ha sido condenada en EE.UU por corrupción- se servía de la experta en “cloacología”, Patricia Ariadna López.

Con López se cerraba la cuadratura del círculo: la periodista que se erigía en públicamente como la gran luchadora contra la corrupción del PP y tildaba a sus compañeros de otros medios de “cloacas”, se movía en la sombra como el brazo ejecutor de Podemos y como pocera de sus sucias alcantarillas.
Basta repasar la colección de Público para entender la destructiva campaña que emprendió el diario podemita, con la ayuda de algunos fiscales de Anticorrupción y de agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), para criminalizar a un grupo de periodistas, policías, magistrados, abogados y funcionarios públicos.

El artículo de Patricia López que el titular del Juzgado de Instrucción 33 cataloga ahora de inveraz, falsario y temerario, formaba parte de ese serial de opúsculos de la preferida de Roures contra los periodistas que más han investigado la corrupción política en España. Basta repasar esta recopilación de titulares para hacerse una idea: “Eduardo Inda podría ser imputado por hacer uso de una grabación ilegal de Villarejo”; “La cúpula policial filtra información afín para desprestigiar a Podemos y a Iglesias”; “Venezuela desmonta los documentos de Inda sobre un supuesto pago a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal”; “Eduardo Inda, en el banquillo por atribuir a Pablo Iglesias cobros de Venezuela en un paraíso fiscal”; “Podemos pide imputar a Inda y al agente que se reunió con un ex ministro chavista”; “Esto se resolverá cuando haya un juez que los procese a todos” y “La jueza del caso Nicolás carga toda la culpa en Villarejo para poder exonerar a Pino e Inda”, entre otros.

Una periodista con mucho humo

Era todo humo: informaciones temerarias, inveraces y falsarias, como dictamina el auto del titular del Juzgado de Instrucción 33 de Madrid. Patricia López era un apéndice del plan que planeaba Podemos conjuntamente con la Fiscalía Anticorrupción contra OKDIARIO, como quedaba acreditado en los mensajes cruzados entre los letrados podemitas Alejandro Gámez y Marta Flor.  “Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro”, le comentaba Flor a Gámez. “¿Qué registro?”, preguntaba Gámez. “El registro a OKDIARIO”, le contestaba la abogada que defendía a Pablo Iglesias y a la propia Dina Bousselham en el caso de la tarjeta del móvil. Y advertía: “Inda sabrá que en la pieza de Dina él está involucrado, con tiempo suficiente para destruir lo que sea”.

Los comentarios daban a entender que la abogada de Podemos estaba al tanto de las actuaciones secretas de los fiscales Stampa y Serrano, pero se equivocaba cuando presuponía que OKDIARIO e Inda hubieran llegado a poseer la tarjeta que, supuestamente, habían sustraído a la asistente de Iglesias. Con los chats quedaba al descubierto la confabulación contra los periodistas urdida entre Podemos y los fiscales de Anticorrupción del caso Dina, como desveló El Confidencial.

Los chats del equipo jurídico de Podemos en la plataforma Telegram confirmaban que la letrada Marta Flor manejó datos de la pieza Dina -la número 10 del sumario Tándem- mientras permanecía secreta. En uno de los mensajes, la letrada de Podemos comentaba que había cerrado una cita entre Anticorrupción y el partido de Iglesias para “coordinar la investigación del caso Dina”. La reunión llegó a realizarse en un momento en el que la pieza Dina ni siquiera existía.

En otro mensaje, la abogada Marta Flor insistía: “El otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por Inda de las capturas del móvil”.

Toda confabulación fue jaleada desde las páginas de Público, el diario de Jaume Roures, con la firma de Patricia López, la misma que leyó el manifiesto de la marcha del independentismo catalán en Madrid y que compareció ante el Parlamento catalán para denunciar la “operación Cataluña” por parte de una supuesta “policía patriótica” del Gobierno de Rajoy.

Era un tanto inaudito porque se refería los mismos policías no impedían la huida de Puigdemont, espiaban a Bárcenas, filtraban una conversación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, conseguían las pruebas que metían a Rodrigo Rato en la cárcel o las evidencias que propiciaban la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy.

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