Turull no será inhabilitado y presidirá el Govern al menos hasta que haya sentencia en 2019

Jordi Turull podrá ser presidente de la Generalitat hasta que se dicte el auto de procesamiento y se decrete prisión, una doble condición que difícilmente podrá ocurrir antes de contar con sentencia del caso y que, por lo tanto, permitirá al ex consejero ser presidente hasta fin de año o inicios del 2019.

El esquema planteado por los golpistas cuenta con que la Justicia impida la llegada a la investidura de Jordi Sánchez. Pero los separatistas tienen un plan B: la llegada de Jordi Turull a la Presidencia regional -tal y como ha adelantado ya OKDIARIO-. Y ese segundo relevo podrá se corto en el tiempo, pero será muy difícil de impedir porque el auto de procesamiento aún no está preparado debido a que la instrucción sigue abierta y a que la investigación aún debe terminar de cerrar sus últimos flecos. Por ello, Turull podrá ser presidente catalán. Breve, pero podrá serlo hasta que sea inhabilitado para cargo público.

El plan de los separatistas está bien asesorado. Por un lado pretenden forzar la máquina del victimismo provocando a la opinión pública con un nuevo preso preventivo propuesto como President de la Generalitat. Esta es la función de la propuesta de Jordi Sànchez: dar la imagen de que no sólo se impide la designación como responsable máximo de la política catalana de Carles Puigdemont, sino que también se impide un segundo nombre. Segundo nombre que está igualmente señalado por la Justicia y la Guardia Civil ante la evidencia de que ha formado parte de los grupos decisores de la maquinaria del golpe separatista.

Pero el objetivo de plantear a Jordi Sánchez para que choque con la Justicia, es estirar al máximo la versión de que el Gobierno de España es un Ejecutivo opresor que no respeta las decisiones democráticas de los catalanes. Un argumento manido y sin fundamento, pero que los golpistas pretenden seguir vendiendo entre sus bases y, especialmente, en el extranjero.

El segundo hombre

Tras ese intento, los golpistas tienen preparado un segundo nombre: el de Turull. Y ese será ya mucho más difícil de apartar de la investidura por parte de la Justicia y por el Gobierno. Porque la realidad es que, sin estar cerrada la instrucción, ni dictado el auto de procesamiento, ni ordenado un auto de prisión, no será posible inhabilitar para cargo público a Jordi Turull o al resto de golpistas, tal y como han debatido ya y confirmado los miembros de la Judicatura afectada y de los fiscales del 1-O.

El resultado será que, cuanto más se retrase la apertura del juicio, el auto de procesamiento y, por lo tanto, el cierre de la instrucción, más tiempo tendrá de margen Jordi Turull para aferrarse al cargo e intentar dar carácter de supuesta credibilidad a este teatro victimista.

Además, Turull ha sido puesto ya en libertad condicional. Y será muy difícil cambiar esa situación sin sentencia del caso porque resultaría imposible de argumentar el riesgo de fuga tras meses de no haber intentado una huída. Por ello, pese al auto de procesamiento, lo normal es que no se dicte auto de prisión hasta que haya sentencia del caso.

Este punto, de hecho, preocupa en la Fiscalía y en el propio Gobierno. Y es que impedir la toma de posesión de un cargo como Jordi Sánchez tiene su complejidad, pero, al menos, no tiene el impacto traumático de tener que sacar de su cargo a un presidente catalán, cosa que sí sucederá cuando haya que apear de su sillón a un Turull que se habrá hecho ya al puesto y que, a buen seguro, habrá dictado decisiones ejecutivas e impulsado actos legislativos para dejar constancia, precisamente, de que se le saca contra su voluntad y contra los deseos de los votantes.

Por ello, la Fiscalía insiste en estos momentos en la conveniencia de no dilatar los plazos de la instrucción. De apuntalar bien las acusaciones y actuar rápido para evitar que los tiempos disparen la presión social.

El Gobierno comparte este sentimiento, porque, todo el tiempo que permanezca esta situación de anormalidad se puede convertir en impacto económico negativo gratuito y en preparación de los separatistas para aprovechar los tiempos muertos.

Por ello, la Fiscalía quiere cerrar la instrucción en junio y poder comenzar el juicio oral en noviembre, algo que permitiría no cruzar a 2019 con este caso pendiente. Y, por lo tanto, impedir que Turull se enquiste en el cargo más allá del nacimiento de 2019.