Investigan por prevaricación un contrato del alcalde de Albacete y candidato del PSOE al 28M

El juzgado de Instrucción número 1 de Albacete ha acordado incoar diligencias previas por un contrato firmado por el alcalde socialista de Albacete, Emilio Sáez. El juzgado ha apreciado un presunto delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en la contratación de auxiliares para una etapa de la Vuelta Ciclista a España de 2021 que pasaba por el municipio castellanomanchego.

Este medio ha tenido acceso al expediente judicial, del que se puede extraer el auto del Juzgado de Instrucción con fecha de 19 de diciembre de 2022. En dicha resolución se establece que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».

En ese sentido, el juzgado ha acordado que es procedente incoar diligencias previas y practicar aquellas esenciales para determinar la naturaleza de los hechos y personas que han intervenido.

El procedimiento se inició cuando el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha presentó una denuncia por las presuntas irregularidades. Esta organización ha explicado en un comunicado que este asunto se elevó al ámbito penal porque en el administrativo se determinó que la denuncia había sido presentada de forma extemporánea. Sin embargo, se pudo constatar en la documentación del expediente administrativo que el servicio fue realizado sin contrato y que éste no pudo formalizarse al incumplirse de forma grave el procedimiento de contratación.

Según manifiestan, en un informe de la Gerencia del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete (IMD) se rechazó la formalización del contrato con la empresa propuesta por mantener deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los auxiliares incumplían los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Tres de ellos eran menores de 18 años, 20 no tenían el carnet de conducir requerido, otros 2 lo tenían caducado y otro se lo sacó después de la fecha de la prueba deportiva.

El interventor municipal indicó que los actos realizados por la administración prescindieron absolutamente del procedimiento establecido. El mismo órgano apreció que los hechos acreditados podían ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables.