Interior usa el 28-A para retrasar la equiparación salarial de guardias civiles y policías

Interior utiliza la campaña electoral y el próximo 28-A para dar largas a guardias civiles y policías nacionales en la equiparación salarial. El ministerio ha decidido evitar cualquier tipo de pronunciamiento sobre la materia y no publicará el resultado de la auditoría externa encargada a una consultora independiente para determinar, sobre los datos reales, las diferencias que actualmente existen entre los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en comparación con sus equivalentes autonómicos.

El pasado día 5 de marzo, la Asociación Pro Guardia Civil solicitaba a través del portal de transparencia del Gobierno que se diese traslado del informe confeccionado por la empresa Ernst & Young, tras auditar la equiparación salarial. Un mes después, la respuesta ha sido una ampliación del plazo inicialmente comprometido y en la que el ente público postpone, hasta el próximo día 5 de mayo, su obligación de pronunciarse sobre dicha información. Las conclusiones requeridas por una de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil no estarán disponibles debido a que «el volumen o la complejidad» de las mismas así lo hacen necesario, tal y como consta en la notificación trasladada a los interesados.

Para justificar el nuevo escenario la resolución se remite al artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, donde está prevista la posibilidad de una prórroga -que los agentes entienden innecesaria- que permite ganar tiempo a la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse que éste se desvinculaba de los acuerdos institucionalmente alcanzados por su predecesor, Juan Ignacio Zoido, durante la última etapa del Gobierno popular, al poner en cuestión dos de las cláusulas contenidas en el texto que lo formalizó.

Guardias civiles y policías nacionales denuncian el «oscurantismo» que rodea al Ministerio del Interior en todo el proceso de la equiparación salarial

El documento definitivo -publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2018- definía, entre otras cuestiones, la necesidad de establecer una base objetiva sobre la que concluir si los más de 800 millones de euros comprometidos para la Secretaría de Estado de Seguridad para la aplicación completa y definitiva de la equiparación salarial. Grande-Marlaska dilata, ahora, por diferentes vías, la aplicación práctica de dicha decisión y se ampara en las presuntas dudas sobre la suficiencia de la cantidad prevista y, por tanto, la necesidad de recalcularla. Algo que, para guardias civiles y policías nacionales, no hace más que postergar el cumplimiento de una reivindicación histórica, con intereses puramente electoralistas.

El hecho «no hace sino incrementar más si cabe la desconfianza» de los miembros de ambos Cuerpos en el Ministerio del Interior «por el oscurantismo que rodea todo el proceso de equiparación salarial, con ausencia total de información a las asociaciones profesionales, acerca del estudio» hasta después de las próximas elecciones generales.

Paralizada la ILP

Además, Interior ha aprovechado la convocatoria de elecciones generales para desvirtuar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada por los propios guardias civiles y policía nacionales, hace ahora un año, para blindar en el marco legislativo la equiparación salarial entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El acuerdo inicialmente rubricado entre Interior y varios sindicatos y asociaciones profesionales, en marzo de 2018, planteaba un calendario de equiparación progresiva de las condiciones económicas de los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional con sus equivalentes, según rango y antigüedad, de las policías autonómicas y asimiladas. Proceso que se desarrollaría, gradualmente, a lo largo de tres años, 2018, 2019 y 2020, y alcanzaría un importe total de 807 millones de euros.

Además, en su octava cláusula se expresaba la voluntad de impulsar todas aquellas «medidas legislativas» que fuesen necesarias para garantizar que la discriminación salarial no volviese a reeditarse en un futuro. Motivo por el que los integrantes de otra de las principales asociaciones profesionales de guardias civiles y policías nacionales, JUSAPOL, no entienden que Marlaska rechace abordar, de acuerdo a los términos recogidos en su propuesta de ILP, una vez transcurrido el período de campaña y constituido el nuevo Gobierno, al tratarse de «una cuestión de Estado» que debería trascender «el color político» del futuro Ejecutivo.

El presidente de JUSAPOL, Natam Espinosa, considera “muy fuerte” que, tras los frustrantes precedentes sufridos por los funcionarios de seguridad dependientes de Interior, en los años 1992 y 2005, Marlaska «congele» la ILP amparándose en «una resolución del Consejo de Estado» que se permite al asegurar que la misma ha caducado.

Por su parte, Espinosa cita el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, donde se establece que aquella ILP «que estuviera en tramitación en una de las Cámaras, al disolverse ésta no decaerá» sino que solamente quedará pospuesta.