Un informe de Interior admite que faltan medios para combatir a narcos «con vínculos con el yihadismo»

En 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmanteló la unidad de élite contra los narcos de la Guardia Civil dedicada a combatir el crimen organizado en la zona del Estrecho. La falta de medios con que cuentan los agentes para afrontar esta problemática ha quedado en evidencia de la manera más trágica, con el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha. En los últimos días, el Gobierno ha tratado de lanzar el mensaje de que los recursos son suficientes. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoce por escrito los riesgos que ocasiona no disponer de recursos frente a narcotraficantes «vinculados con el terrorismo yihadista».

Así se recoge, en concreto, en un contrato ahora en licitación para la adquisición de un sistema de observación aéreo de alta autonomía, destinado a las Unidades de la Guardia Civil implicadas en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. El contrato se anunció en noviembre y el proceso sigue ahora mismo abierto, en plazo de subsanación de documentación. En la memoria justificativa de esta contratación contra los narcos, consultada por OKDIARIO, Interior admite abiertamente que «uno de los principales problemas existentes en la actualidad en la zona del Estrecho de Gibraltar y su área de influencia es la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como la vinculación de estos con el terrorismo yihadista».

«Estos fenómenos hacen que dichas unidades necesiten disponer de equipamientos especiales para luchar contra los miembros de estos grupos delictivos», se advierte.

Igualmente, en la memoria se avisa que «es frecuente que quienes pretenden delinquir extremen las precauciones para evitar ser descubiertos en la realización de sus actividades ilegales, lo que se hace muy difícil efectuar vigilancias si no se dispone de los medios adecuados que puedan ser operados de manera remota, que sean fácilmente desplegables en todos los escenarios de uso posibles y que sean difícilmente detectables tanto de día como de noche».

En este escenario, se advierte que «de no poder llevarse a cabo esta contratación, supondría pérdidas y/o retrasos en la obtención y elaboración de información necesaria para esclarecer y relacionar hechos delictivos, con la repercusión en el campo de la seguridad que ello implica», evidenciando así la falta de recursos actuales. En resumen, de no llevarse a cabo la contratación que se indica, Interior admite que habrá implicaciones para la «seguridad» en las operaciones contra narcos.

Arsenales de guerra

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen denunciando desde hace años la falta de medios para combatir las mafias en esta zona del sur, al mismo tiempo que los narcos utilizan técnicas cada vez más agresivas.

En 2022, la Fiscalía Superior de Andalucía advirtió a Interior que, además del aumento en la «potencia de las armas» empleadas por los narcos, se estaban produciendo asesinatos por ajustes de cuentas. Aún así, Marlaska dio orden de liquidar el OCON Sur, el grupo especializado en el narcotráfico.

En concreto, según se recoge en la memoria anual de la Fiscalía, en agosto de 2022 un equipo de intervención de la Policía Nacional asaltó una vivienda en la provincia de Cádiz. En su interior, detuvieron a un narcotraficante que unos días antes había atropellado a tres agentes y se incautaron de un completo arsenal de guerra: subfusiles Skorpion con capacidad para realizar casi 900 disparos en un minuto, rifles con mirilla telescópica, fusiles AK-47, un fusil de precisión Zastava, varias pistolas y revólveres. Todas perfectamente operativas y listas para su uso. A los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) les sorprendió la potencia de guerra de aquel armamento, con piezas superiores incluso a las que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a esta operación, Marlaska disolvió el OCON Sur, integrado por 150 agentes, que -siempre según la versión oficial- fueron derivados a distintas estructuras de policía judicial de las comandancias de Andalucía.

Lo cierto es que, desde el desmantelamiento de la unidad, se produjo un significativo descenso en las detenciones y requisas de droga, además de incrementarse la violencia contra la Policía y la Guardia Civil. También se empezó a traficar con cocaína a gran escala y aumentó la presencia de armas de fuego en la zona.

La propia memoria anual de la Fiscalía da cuenta de esa realidad: «Esta disminución de droga incautada supone también una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz lo que la delegada (la fiscal Antidroga de Cádiz) atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON Sur que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales».