Un imputado del 1-O pendiente de juicio asesora al Gobierno para censurar la «desinformación»

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Josep Pagès, diputado de Junts per Catalunya. Foto: Twitter.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès es uno de los miembros elegidos para elaborar una serie de recomendaciones contra la llamada «desinformación» y las fake news, dentro de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de Congreso y Senado. Ese listado está actualmente en fase de elaboración, con las aportaciones de los distintos grupos, y se prevé que esté ultimado antes de finalizar el año. A partir de ahí, se elevará al Gobierno para su estudio. Pagès fue imputado por su papel en la Sindicatura Electoral del 1-O, un órgano creado por la Generalitat para controlar el proceso de votación y certificar el escrutinio.

Sus cinco miembros, juristas y politólogos -entre ellos, la actual consellera catalana de Feminismos, Tania Verge- fueron  imputados por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La Fiscalía solicitó dos años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos por desobedecer al Tribunal Constitucional tras ser advertidos de su deber de impedir o paralizar la votación. En abril de 2021, un juzgado de Barcelona los absolvió al considerar que no quedaba «suficientemente acreditado» que llevaran a cabo sus funciones como síndicos electorales ni que adoptaran acuerdos o resoluciones tras ser advertidos por el Constitucional.

En junio de este año, sin embargo, la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio después de que la Fiscalía recurriera su absolución, al considerar que hubo un error en la apreciación de la prueba. La fiscal ha pedido que derive la causa al Tribunal Supremo al ser Pagès diputado en el Congreso y, por tanto, aforado.

Pagès defiende que su papel en la Sindicatura Electoral como «un servicio al pueblo de Cataluña» que implicaba «riesgos de represión del Estado español». «Tenemos que valorar si hicimos un servicio y si tuvo sentido; y en mi caso, pienso que sí que lo tuvo», afirmaba recientemente en una entrevista en Elnacional.cat. En la misma entrevista, criticaba al Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como «los órganos menos imparciales y más escorados a la derecha».

«Desinformación»

En la ponencia, compuesta por 13 miembros, figura también Gerard Álvarez, diputado de ERC, quien ha reclamado al Gobierno la supresión del desfile militar del 12 de octubre. También ha atacado a la OTAN, a la que se ha referido como una «organización con crímenes de guerra a sus espaldas».

Además, forma parte también el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, quien se ha declarado admirador confeso de Lenin. En una ocasión, preguntado por el hecho de «si dieran las condiciones que se dieron con Lenin iría, no al Palacio de Invierno, sino al Palacio de la Zarzuela» afirmó que «indudablemente», en alusión al asalto a la residencia del zar por los bolcheviques.

El Gobierno de Sánchez ha mostrado su obsesión por controlar lo que considera «desinformación» y, para ello, ha activado varios órganos. Recientemente, puso en marcha el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», esgrimen desde el Ejecutivo.

Una de las polémicas más sonadas ocurrió en abril de 2020 cuando el entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, desveló en una de las ruedas de prensa sobre la pandemia la existencia de una orden en la que se exigía perseguir bulos y desinformaciones que provocasen desafección a las instituciones del Gobierno.

El mando policial reconoció que el Instituto Armado trabajaba entonces en «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno». La semana pasada, la portavoz Isabel Rodríguez se mostró partidaria de que los medios reserven un espacio para la «información pública al igual que tenemos un espacio para el tiempo».

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