Iglesias tumbará la ley Ayuso de despolitización del Tribunal Superior para controlar a los jueces

Pablo Iglesias quiere retomar desde la Comunidad de Madrid el golpe a la Justicia lanzado por Pedro Sánchez a escala nacional. El candidato morado a las elecciones del 4M tiene un objetivo prioritario en caso de llegar a ser decisivo en un hipotético Gobierno de izquierdas en Madrid: revertir la norma impulsada por Isabel Díaz Ayuso para que la Asamblea legislativa regional deje de interferir en el nombramiento de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. Desde ahí, Podemos pretende avanzar para recuperar el modelo de control político de los jueces a escala nacional, tal y como pretendió inicialmente Sánchez y ha tenido que retirar ante las descalificaciones de la UE.

El programa de Podemos para las elecciones del 4M incluye el siguiente compromiso: “Aprobar una ley autonómica para regular la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por parte de la Asamblea de Madrid”. La realidad es que esa norma ya se encuentra en fase de transformación. Pero justo en dirección contraria: en la de dejar de designar magistrados por parte de los políticos para permitir que sean los propios jueces los que determinen esos cargos sin presión de los partidos. Esta segunda decisión partió del PP; de Isabel Díaz Ayuso.

Según Podemos, su objetivo es que esa designación “se realice mediante un concurso de méritos al que puedan presentarse todos los profesionales del Derecho que cumplan los requisitos necesarios, sin que los partidos políticos sean determinantes en la composición de los órganos judiciales”. Pero, lo cierto es que ese sistema vuelve al esquema de “designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por parte de la Asamblea de Madrid”, como define la propia propuesta. Y eso significa una obvia marcha atrás con respecto a la reforma de Isabel Díaz Ayuso.

Despolitizar la Justicia

Y es que el PP madrileño ha ido justo en dirección contraria. Ayuso ha dado, de hecho, el paso más decidido en la erradicación de la politización de la Justicia. Hay que recordar que el control político no sólo existe sobre el Consejo General del Poder Judicial, tal y como quiere ejercerlo el Gobierno de Pedro Sánchez, también por parte de las comunidades autónomas y sobre los tribunales superiores de justicia de cada región española. La Comunidad por ello, ha impulsado ya hace meses una proposición de ley para eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid a la hora de proponer el nombramiento de jueces.

Actualmente, parte de los magistrados de las salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de ternas presentadas por los parlamentos autonómicos. Este sistema permite, de este modo, influir desde la capa política en la designación final de los jueces en organismos tan relevantes para infinidad de causas como los Superiores. De hecho, y por ejemplo, los gobernantes o diputados autonómicos están aforados ante estas salas de Justicia.

La propuesta del Ejecutivo madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso supone cambiar dos leyes para que una de cada tres plazas se cubra por concurso por parte del CGPJ y desaparezca la intoxicación política autonómica. En abril el Consejo General del Poder Judicial avaló el anteproyecto presentado a iniciativa de la Comunidad. Y posteriormente la Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, aprobó la proposición de ley que elimina la potestad de la Asamblea para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El objetivo de esta reforma es, de hecho, permitir que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un compromiso del Gobierno regional que profundiza en el proceso de despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia, como señala el texto impulsado por la Comunidad de Madrid.
 A propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dicha Proposición de Ley conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.