Iglesias exige a Marlaska una depuración de la Policía Judicial para controlar las instrucciones

Pablo Iglesias quiere dar un paso más en el control judicial. No contento con reclamar la presencia de su propio partido, Bildu y ERC en las negociaciones de los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ahora, la formación morada reclama una depuración de la Policía Judicial, una pieza clave en las instrucciones judiciales de casos como, por ejemplo, el de su ‘caja B’.

Iglesias quiere, no sólo el control de los jueces clave en la lucha contra la corrupción y contra, por ejemplo, delitos como la sedición, sino que también persigue el manoseo de los cuerpos policiales que desarrollan las instrucciones de los procesos decisivos en el sistema político español. El partido morado ya ha emprendido una cacería pública contra aquellos policías que osan investigar con neutralidad e independencia las denuncias o querellas presentadas contra Podemos. De ese modo, ha cargado contra los cuerpos de Policía Judicial que han investigado a la asociación Infancia Libre -ligada al partido de Pablo Iglesias-, o la acusación lanzada por el ex responsable jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente, sobre la existencia de una ‘caja B’ en Podemos.

Pero Pablo Iglesias ha llegado a una conclusión estratégica que pretende evitar tener que ir detrás de cada instrucción intentando desmantelar las pruebas detectadas por los investigadores.

Y así se lo ha trasladado ya a Pedro Sánchez: Podemos quiere una depuración de los cuerpos de Policía Judicial que intervengan en todas aquellas investigaciones que afecten a su partido o a sus contrincantes. Un plan destinado a poder manipular en última instancia las decisiones judiciales.

Iglesias ha trasladado al presidente del Gobierno su exigencia en base a una reforma legal que ya se tramita en estos momentos: la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esa norma retira las funciones de la instrucción a los actuales jueces encargados de esta materia y se la traslada al cuerpo de fiscales. Esos fiscales dependen en última instancia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Y todos tienen una dependencia jerárquica de ella.

Traducido: si hay una orden de la fiscal general del Estado para que sus respectivos fiscales designen como Policía Judicial a determinadas unidades, esa orden debería respetarse. Y eso es, exactamente, lo que ha solicitado Pablo Iglesias. Que eliminada la actual designación de la Policía Judicial por parte de los jueces de instrucción, se utilice la nueva asignación de ese poder a los fiscales para realizar una auténtica depuración de los policías que llevan a cabo las investigaciones clave en materia política, por ejemplo y por supuesto, los casos que puedan aludir a la corrupción interna o ‘caja B’ de Podemos.

La medida se combinaría con un filtrado adicional de los policías que llegan a esas posiciones y que pueden tener fuerza para realizar instrucciones judiciales de envergadura en condición de Policía Judicial.

Hay que recordar que el propio PSOE se encargó de depurar al coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil en plena instrucción de los casos que afectaban a la responsabilidad del Gobierno por el Covid. Es decir, que la petición de Podemos no le sonará extraña a Sánchez.

Esta depuración, en caso de fraguarse, se uniría a otro deseo del PSOE y Podemos, el de lograr el apoyo del PP para la renovación del Poder Judicial, en estos momentos con mayoría conservadora. Y en esta segunda intentona Pablo Iglesias ya ha exigido igualmente a Pedro Sánchez un cambio urgente de los miembros del CGPJ con el fin de introducir afines a la formación morada y poder interferir, de este modo, en la causa abierta por la ‘caja B’ de Podemos.

El PP no está por la labor de ofrecer apoyo a la renovación del Poder Judicial, tal y como ha publicado OKDIARIO. Y los hombres de Pablo Casado disfrutan de una mayoría de bloqueo que puede impedir la entrada de nuevos vocales en el CGPJ. Pero Podemos ha elevado la apuesta ante el nerviosismo reinante en sus filas por el avance del caso que apunta a una ‘contabilidad B’ dentro del partido, tal y como ha denunciado ya el ex responsable jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente.

Y es que el vicepresidente segundo ha pedido al presidente del Gobierno que haga todo lo posible por intentar convencer a los populares como sea, con el fin de intentar controlar y manipular ese proceso judicial en el que el propio partido morado se encuentra ya imputado.

Podemos, de hecho, puso ya en marcha a mediados de agosto una campaña de ataques para desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la corrupción del partido que dirige Pablo Iglesias.

Hay que recordar que, tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez decidió imputar a Podemos como persona jurídica; al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo; al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.