El ICAM califica de «histórico» el auto que abre juicio oral al Fiscal General por revelación de secretos

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha valorado como «histórico» el auto del Tribunal Supremo que acuerda la apertura de juicio oral contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

La institución colegial, que ejerce acusación popular en la causa, considera que esta resolución judicial «confirma la gravedad institucional de los hechos denunciados» y avala los argumentos centrales de su querella contra García Ortiz.

El auto del Alto Tribunal destaca varios elementos clave del caso, entre los que figura la filtración de un correo confidencial enviado por el abogado defensor de Alberto González Amador. Esta actuación supuso, según la resolución, una vulneración del derecho de defensa y del deber de confidencialidad profesional.

El documento judicial también señala que se produjo un perjuicio moral y reputacional al afectado sin respaldo en sentencia judicial alguna, además de causar daño al prestigio e imparcialidad del Ministerio Fiscal. Como medida cautelar, el juez instructor ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar las responsabilidades derivadas de la filtración.

«Este auto marca un antes y un después. Confirma que la legalidad, el secreto profesional y el derecho de defensa no son principios simbólicos, sino límites reales al poder», declaró Eugenio Ribón, decano del ICAM, en un comunicado difundido tras conocerse la resolución.

Ribón añadió que «el ICAM actuó por deber institucional y profesional» y consideró que «hoy, la Justicia da una respuesta clara y razonada que fortalece la confianza ciudadana en el Estado de Derecho».

El ICAM ha anunciado que emitirá en las próximas horas un comunicado institucional de valoración más detallado del auto, al tiempo que reitera su compromiso con la abogacía, la justicia y la legalidad.

La decisión del Tribunal Supremo supone un paso más en el procedimiento judicial contra García Ortiz, que se convierte así en el primer Fiscal General del Estado que se enfrenta a un juicio oral en la historia democrática española.