'Caso David Sánchez'

Hacienda dice a la juez que no inspeccionó al hermano de Sánchez porque prioriza «fraudes más complejos»

Así consta en el informe de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a David Azagra

El Gobierno negó al PP en el Congreso en junio que Hacienda haya dado un trato privilegiado al imputado

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La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, sostiene que no ha realizado ninguna inspección «hasta el momento» al imputado David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, porque su prioridad es la persecución de «conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado» para los casos de «no residentes», como ocurre con este alto cargo de la Diputación de Badajoz, con domicilio fiscal en Portugal. Así consta en el informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO- que la Agencia Tributaria ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que investiga a David Azagra, nombre artístico del hermano músico de Pedro Sánchez, por la presunta comisión de cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En concreto, en el oficio de 18 de junio remitido por la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a la Agencia Tributaria se solicitó respuesta, entre otros extremos, a «si el obligado tributario mencionado ha sido objeto de alguna actividad de inspección o de control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (personal de alta dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero en el caso de que la tuviere, al hallarse dicha finalidad de ‘control de los residentes fiscales’, expresamente incluida en el plan de control tributario de 2024».

Ante esta cuestión, la respuesta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) fue, en resumen, la siguiente: «Hay que tener en cuenta que en ejecución del plan de control tributario se están llevando a cabo en 2024 actuaciones sobre no residentes, siendo prioritario el desarrollo de actuaciones de investigación sobre aquellas conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado, que generan operativas de alta opacidad. A la fecha de este informe no ha finalizado la delimitación del Plan de Control Tributario de 2024, sin que hasta este momento se hayan llevado a cabo actuaciones de comprobación acerca de don David Sánchez Pérez-Castejón», reconoció la Agencia Tributaria.

Precisamente, el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, al que está adscrito la AEAT, esgrimió ante el PP en el Congreso de los Diputados que no ha actuado de ningún modo en favor del hermano de Pedro Sánchez. El Grupo Popular se interesó el pasado mayo por la situación fiscal de David Azagra, con puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz y con vivienda en Elvas (Portugal), y preguntó al Ejecutivo si Hacienda había iniciado de oficio algún «procedimiento de inspección» al respecto.

Al mes siguiente, en junio, el Gobierno contestó que no puede «informar de la situación específica de contribuyentes concretos», si bien señaló que somete a un «tratamiento justo y equitativo» a todos ellos «sin privilegios de ningún tipo», según consta en la respuesta parlamentaria consultada por OKDIARIO.

Los populares entienden que habiendo declarado el jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE, «un patrimonio de al menos dos millones de euros con un sueldo anual en la Diputación Provincial de Badajoz de 55.000 euros, destacando tres pisos en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y Elvas (Portugal) y 1,4 millones de euros en acciones», ello merece el inicio de un procedimiento de investigación por parte de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, el Gobierno replicó que la Agencia Tributaria, que tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, «se desempeña con plena independencia, sirviendo con objetividad los intereses generales y con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico». Además, el Ejecutivo recalcó que es la normativa tributaria la que «determina los procedimientos mediante los cuales se lleva a cabo la aplicación del sistema tributario con la debida equidad y de acuerdo con los principios constitucionalmente reconocidos».

«Todos por igual»

«Así, la Agencia Tributaria cuenta con sus propios protocolos y mecanismos de prevención y lucha contra el fraude fiscal que permiten detectar los casos de posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias y actuar en consecuencia», añadió el departamento de Hacienda.

En este contexto, la Administración Sánchez argumentó que el fisco «trata por igual a todos los contribuyentes» en aplicación del «derecho a la igualdad y a la no discriminación», garantizando «la generalidad del deber de contribuir de todos los ciudadanos al sostenimiento del gasto público». «Dicho tratamiento justo y equitativo a todos los contribuyentes, sin privilegios de ningún tipo, se asegura además por el sistema de controles y garantías administrativas y judiciales propio del Estado de Derecho, que incluye el control judicial de la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los principios que la justifican (artículo 106 CE)», sentenció el ministerio de la vicepresidenta primera del Gobierno.

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