Los golpistas mantienen su defensa de la independencia de Cataluña en su alegato final ante el juez
Los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, han afirmado en su último turno de palabra ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que «no renuncian a su objetivo político», es decir, a la declaración de independencia de Cataluña. Finalmente, el magistrado Llarena acordaba la prisión incondicional de los 5 dirigentes independentistas por riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Durante la vista de medidas cautelares celebrada este viernes, que se ha extendido durante más de dos horas, los letrados de los cinco dirigentes de JxCAT y ERC han pedido al juez que no se comparase a sus defendidos con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también citada, que se ha dado a la fuga y ha huido a Suiza al igual que la dirigente de la CUP, Anna Gabriel.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell han coincidido en su último turno de palabra ante el magistrado Llarena en señalar que «se están criminalizando ideas» y que se debe «buscar la negociación de una causa» que califican de «política y no judicial».
El candidato a la Generalitat y exconseller Jordi Turull se remitía a su intervención en el Parlament catalán del jueves donde no habló en ningún momento de «independencia» o de la «República catalana» para defenderse de los cargos por los que está procesado.
Carme Forcadell muy breve en sus palabras defendía que «siempre ha acudido al Tribunal Supremo cada vez que ha sido citada» y que además ha renunciado a su escaño de diputada. Además, ha asegurado que siempre ha estado en contra de la violencia y que estaría dispuesta a «renunciar a sus convicciones» si éstas acarrean violencia.
“Clara insurrección judicial”
El instructor Pablo Llarena afirma en el auto en el que decretaba la prisión incondicional de los 5 que “la atribución de responsabilidades se realiza cuando el grueso de la investigación se ha concluido. Las sospechas que se plasmaban como base para la iniciación del proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese momento, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados”.
“Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos” apuntaba el juez.
Sobre la reiteración delictiva, Llarena destacaba que sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados “todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión”.
“La renuncia al acta de diputado”, añadía, “ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria”.