El golpista Jordi Cuixart pide la nulidad de la «desproporcionada» sentencia del 1-O

Jordi Cuixart
Jordi Cuixart. Foto: EFE

Los golpistas no cesan su empeño de evitar la justicia y lograr no ser condenados por el 1-O. En esta ocasión, la defensa del golpista Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural ha pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 9 años de prisión como paso previo a un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

El abogado de Cuixart, Benet Salellas, ha emitido un comunicado con el que pide dejar sin efecto la sentencia "desproporcionada" porque considera que durante el juicio en el Supremo se vulneraron derechos como el de la presunción de inocencia y el derecho a reunión y expresión.

Cuixart está preso en la cárcel de Lledoners y defiende que seguirán intentando salir de prisión: "Seguiremos denunciando que la sala segunda del Supremo está marcada ideológicamente, con un sesgo político claro sobre el derecho a la autodeterminación".

El abogado del golpista defiendo que durante el juicio en el Supremo se vulneró la libertad ideológica de Cuixart porque se "cuestionó abiertamente durante todo el juicio" las ideas al valorar hechos como intervenciones del presidente de Òmnium en actos públicos y la publicación de comentarios en Twitter como elementos de incriminación de un delito de sedición.

Habla sobre Marchena

La defensa del golpista Cuixart también tiene palabras para el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Cree que el presidente de la Sala de lo Penal del TS tenía una clara posición ideológica y previa sobre la cuestión de la soberanía de Cataluña, un "prejuicio político a la hora de dictar sentencia que resulta determinante".

Para el abogado no hay pruebas para condenarle por sedición porque la sentencia no aporta pruebas que acrediten que se impidieron diligencias judiciales el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía, que la policía tuvo que utilizar la fuerza el 1-O, y que el objetivo de las movilizaciones era probar a los jueces que en Cataluña habían perdido su capacidad jurisdiccional.

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