El Gobierno y Torra entierran 2.890 archivos que delatan a mossos desleales a la Constitución

Sánchez-Torra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la Generalitat, Quim Torra, en La Moncloa. (Foto: Efe)

Hasta 350 mossos han sido citados por la Justicia por su posible connivencia con el golpe del 1-O

El control se ha paralizado tras la finalización del 155 y la llegada de Torra

No fue sólo el 1-O. El mecanismo de control de las distintas instancias de la Generalitat implantado durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno del PP, permitió acumular información de los mossos que han desarrollado comportamientos contrarios al sentido de la Constitución y favorables al separatismo golpista.

Hasta 3.240 archivos fueron realizados con pruebas o indicios que debían ser comprobados y controlados. Casi 350 de ellos alcanzaron de inmediato tal magnitud que forman ya parte de procesos judiciales o administrativos abiertos en la época de aplicación del 155. Pero el resto -nada menos que 2.890 archivos personalizados- han muerto de la noche al día. Y lo han hecho justo tras la recuperación del mando de los Mossos por la Generalitat de Quim Torra y ante los ojos del actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Los 2.890 archivos no habían llegado a convertirse en expedientes, pero fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO el número de agentes que se encontraban en fase de chequeo por sus comportamientos delatores de actuaciones partidistas y parciales a favor del golpe separatista.

Entre esos archivos se encontraban comportamientos de inacción frente a los CDR, omisiones del deber de identificar a los agresores en los disturbios y ataques callejeros, actuaciones parciales a favor de los lazos amarillos y contrarias a quienes los quitan o manifestaciones en redes en favor del golpe del 1-O.

Toda esa información debía ser tramitada y dar lugar a un proceso de confirmación de datos para poder proceder a judicializar los casos o tramitarlos como expedientes administrativos para dar paso a su correspondiente castigo o sanción. Pero eso ya no podrá realizarse porque se ha paralizado el control desde la finalización del 155 y la llegada de Torra. Y todo ello ha ocurrido ante la mirada del Gobierno de Sánchez.

Es más, al tratarse de datos que aún no habían pasado a convertirse en, al menos, expedientes administrativos abiertos oficialmente, su eliminación es simplemente cuestión de que sean olvidados o archivados en la papelera. Y ello supone que los comportamientos delatados ya no serán controlados.

La comprobación de los 2.890 archivos, de hecho, formaba parte de la segunda parte del control del Cuerpo de los Mossos: el mismo que dejó claro su incumplimiento generalizado del deber el día del referéndum ilegal del 1-O. De hecho, la primera fase de esa criba ya se había realizado: la que afectaba a los comportamientos más obscenos e ilegales.

Por eso 350 mossos han sido ya citados por la Justicia o las instancias administrativas para investigar su actuación y proceder, en caso de confirmarse, a su correspondiente sanción o expulsión del cuerpo.

El primer paso por parte de la Guardia Civil fue elaborar un listado con hasta 3.250 mossos identificados en actitudes contrarias al deber y las exigencias del Cuerpo. En algunas ocasiones, por haber actuado con evidente omisión de su deber de control de los delitos el día del referéndum ilegal, en otras, y según consta en las pruebas remitidas a la Justicia, directamente por haber impedido o intentado impedir a los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional la retirada de las urnas, por ejemplo.

El resultado de ello fue la elaboración de un listado de 350 agentes de la policía autonómica con comportamientos presuntamente ilegales o inadmisibles. Agentes, todos ellos, que están teniendo que dar explicaciones particulares al juez o superiores jerárquicos de la razón de su actuación. Pero partiendo de la base de que el cumplimiento de órdenes ilegales no exime de la pena.

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