El Gobierno recorta 1.300 millones en Educación y Universidades mientras presume de enseñanza pública
En febrero modificó a la baja los presupuestos de ambos ministerios, mientras preparaba su ofensiva contra las universidades privadas


El Gobierno del PSOE y Sumar ha recortado en casi 1.300 millones de euros el presupuesto destinado a las áreas ministeriales de Educación y Universidades. Nada más empezar el presente año metió la tijera, y a lo grande, a través de modificaciones presupuestarias a la baja que, en febrero, situaron las dotaciones de ambos ministerios muy por debajo de lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideraba ya en 2023 que era imprescindible para apuntalar las políticas educativas públicas.
Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, esos recortes presupuestarios los aprobó entre enero y febrero pasados. El 1 de enero se prorrogaron automáticamente los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno, ya que la debilidad parlamentaria del gabinete de Sánchez le ha llevado a no presentar las cuentas para ponerlos al día. Así, igual que ocurrió en 2024, este 2025 el Gobierno se sigue manejando con los presupuestos prorrogados de 2023, los últimos que logró aprobar en el Congreso.
En esos presupuestos figuraba una dotación de casi 7.000 millones de euros para el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que dirige la también portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Alegría. Pero los recortes aplicados por el Gobierno han dejado esa partida para este 2025 en 5.645 millones. En el caso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el recorte ha sido de 201,3 millones sobre lo que aparecía en los presupuestos prorrogados de 2023, lo que ha dejado su dotación presupuestaria para el presente año en 7.246,9 millones. Al frente de este ministerio está la también socialista Diana Morant.
El tijeretazo es considerable. Así, al acabar febrero, la suma del presupuesto de ambos ministerios quedó en 12.892 millones de euros, mientras que hace justo un año era de 14.213 millones. En vez de aumentar la dotación presupuestaria, siquiera para compensar el aumento de costes derivados de la inflación, el Gobierno de Sánchez lo ha reducido en un año en 1.321 millones.
La inflación, otro recorte añadido
Sólo para haber mantenido la dotación ajustada al incremento del IPC, como mínimo el Ejecutivo tendría que haber elevado las dotaciones de Educación y de Universidades en unos 420 millones respecto a la que figuraba en sus cuentas en febrero de 2024. Hay que tener en cuenta que la inflación ha sido del 3% entre febrero de 2024 y febrero de 2025. Así que, si se tiene en cuenta el impacto de la inflación, respecto al año pasado y en euros constantes el Gobierno ha recortado en 1.741 millones de euros los fondos consignados para los ministerios de Educación y de Universidades.
Este tijeretazo decidido por el Gobierno de Sánchez ha sido ejecutado por el Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta María Jesús Montero, departamento que tiene las competencias en cuanto a diseño y gestión de los Presupuestos Generales del Estado.
A diferencia de otros departamentos que han visto modificadas al alza sus partidas –caso de Defensa–, el Ejecutivo se ha cuidado en no publicitar este sustancial recorte en los ministerios encargados de Educación y de Universidades. Lo que ha hecho ha sido derivar la atención mediante su sorpresiva ofensiva contra las universidades privadas, a la que se han abrazado con entusiasmo todos los miembros del gabinete de Sánchez bajo las indicaciones del equipo de Moncloa encargado de coordinar los relatos gubernamentales. Una de las más entusiastas propagandistas de ese discurso contra los centros privados ha sido María Jesús Montero, precisamente la ministra que ha ejecutado el recorte en los ministerios de Educación y Universidades.
Esa fuerte poda aplicada a las partidas de los ministerios de Educación y de Universidades se ejecutó, de hecho, en vísperas de que el Gobierno lanzara su campaña contra las universidades privadas, en un intento por reforzar su imagen de defensores de la enseñanza pública. La realidad presupuestaria, sin embargo, choca de lleno con esos discursos.