El Gobierno gasta 275 millones en bonus de productividad en lo que va de año pese a su parálisis

El Gobierno de Pedro Sánchez pagó 275 millones de euros en incentivos al rendimiento (bonus de productividad y gratificaciones) al personal de la Administración General del Estado (AGE) en los tres primeros meses del presente año, marcado por la parálisis legislativa del Ejecutivo, como se evidenció hace unos días con la retirada in extremis de la Ley del Suelo. Estos son los datos oficiales de ejecución presupuestaria del Estado que figuran en el periodo que va de enero a marzo de 2024, último balance publicado por el Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo socialcomunista desembolsó 275.473.000 euros por este concepto frente a los 197.696.000 euros del mismo periodo de tiempo del año pasado. De este modo, se ha producido un incremento de casi 78 millones de euros, o lo que es lo mismo, de un 39,3%. Aquí se incluyen tanto altos cargos como asesores del Gobierno de PSOE-Sumar, funcionarios, laborales y demás personal. Precisamente, la estructura de este Ejecutivo es la más amplia de las últimas décadas.

No obstante, no todos los empleados públicos cobran este complemento de productividad. Sólo los elegidos. En la práctica, menos de la mitad de los funcionarios lo perciben y la cifra es aún inferior entre los considerados personal laboral. De hecho, los sindicatos se quejan de su carácter subjetivo, de su falta de transparencia y objetivos a conseguir, y de beneficiar a los más altos funcionarios, sobre todo a los más próximos a los partidos que gobiernan. Además, estos bonus de productividad del Gobierno suelen repartirse por igual entre colectivos, unidades y equipos.

En concreto, estos pagos van destinados a premiar el «especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el trabajo», según establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Los criterios que se siguen para estas asignaciones varían en función de los órganos administrativos y suelen concurrir elementos subjetivos. El Gobierno no hace públicas las razones por las que se otorgan estos premios por productividad con cargo al bolsillo de todos los contribuyentes.

Se da la circunstancia de que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, ahora mismo en vigor al ser prorrogados, el Gobierno de Pedro Sánchez destinó a esta partida más de 1.000 millones de euros, según consta en dichas cuentas. Y al cierre del ejercicio del pasado año, el desembolso se situó en 935 millones de euros. Ahora, sólo en el primer trimestre de 2024 ya se alcanzó casi un 30% de esa cifra anual.

Y ello con un Gobierno que no legisla y que se caracteriza por su mínima productividad. De hecho, en los seis meses que van de legislatura el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez sólo ha conseguido convalidar dos reales decretos-leyes, además de una reforma del artículo 49 de la Constitución (eliminar el término «disminuido») consensuada con todos los partidos, salvo Vox.

Cabe recordar que el Ejecutivo sufrió bastante para convalidar esos dos decretos en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de enero, pues sólo pudo hacerlo in extremis tras firmar varias cesiones a Junts, como el blindaje de la amnistía -cuya ley aprobó el Congreso, vetó el Senado y ahora vuelve a la Cámara baja- o el traspaso de competencias en inmigración.

Por ejemplo, el PSOE de Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont pactaron entonces, según el documento difundido por los independentistas hablaba, lo que supone una «delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña».

Asimismo, una veintena de proposiciones de ley se encuentran paradas en el Congreso, en su mayoría afectadas por la ampliación del plazo de enmiendas que van imponiendo PSOE y Sumar, pues los dos partidos del Gobierno controlan la Mesa del Congreso, encargada de estos trámites.

Bloqueo al Senado

Entre estas iniciativas, desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado que la Cámara Baja bloquee y no dé curso a las nueve leyes aprobadas en lo que va de legislatura por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y que han sido remitidas al Congreso para seguir su tramitación. Buena parte de estas proposiciones de ley recibieron el apoyo o la abstención de PNV y Junts en la Cámara Alta, por lo que si fueran votadas en la Cámara Baja podrían salir adelante y llegar al BOE.

Además, Tellado ha criticado que la proposición de ley de apoyo a los enfermos de ELA, impulsada por el PP y tomada ya en consideración por el Pleno del Congreso, haya sido frenada para anteponer una iniciativa similar del PSOE.

En cuanto a la ley más importante, la de Presupuestos Generales del Estado, si bien el Gobierno renunció en marzo a presentar el proyecto de cuentas para este 2024, tampoco hay certezas de que vaya a haber presupuestos para 2025. Tras el resultado de las elecciones en Cataluña y el que deparen las europeas del 9J, la posibilidad de un adelanto electoral de las generales al próximo otoño no es descartable, lo que haría al Ejecutivo desistir de presentar las cuentas para 2025.