Memoria Histórica

El Gobierno dice no saber cuánto costará el ‘show’ electoralista de exhumar y volver a enterrar a Franco

El Gobierno, en una pregunta en el Portal de Transparencia, asume que no sabe aún cuánto costarán los trabajos de exhumación y el posterior enterramiento de Franco "toda vez que no ha concluido el procedimiento".

Exhumación Franco
Tumba de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos.

El Gobierno asegura que su plan de exhumar a Francisco Franco sigue intacto, pese al último revés judicial que ha paralizado la licencia urbanística. Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha prescindido por el momento de un cálculo que parecería lógico en este caso: cuánto costará en su totalidad la exhumación y la posterior e inmediata inhumación de los restos del dictador.

En una respuesta en el Portal de Transparencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admite que "no se dispone en su totalidad de los datos solicitados toda vez que no ha concluido el procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007″ de Memoria Histórica. En la pregunta, el asunto interesado, en concreto, era: "Coste aproximado de las labores de exhumación de Francisco Franco y la posterior inhumación". 

Dicho artículo, el 16.3, es el que establece que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". En la disposición adicional introducida por el actual Ejecutivo se añade además que "se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo", previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Desde la Subsecretaría de Justicia, órgano al que se deriva la respuesta a la pregunta planteada, se admite que "en el proyecto elaborado por los Servicios Técnicos de Patrimonio Nacional, tan sólo se posee una valoración de la intervención en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que asciende a la cantidad de 3.738,90 euros", la cifra ya conocida, pero asume también que a dicha cantidad "habría que añadir, en todo caso, la intervención de una empresa de servicios funerarios". El Ejecutivo rechaza así ofrecer un dato cerrado del coste total, desconociéndolo a sus efectos.

La cifra de 3.738,90 euros es el cálculo que Patrimonio Nacional estima para la retirada de la losa del sepulcro de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos y la restitución del solado de mármol, según el informe de los servicios técnicos de Patrimonio Nacional del pasado noviembre.

En dicho documento, se señala además que los trabajos tienen la consideración de "obra menor", pese a que suponen una alteración de un espacio protegido y con riesgos de seguridad, como apuntaron posteriormente dos arquitectos.

El conjunto monumental del Valle de los Caídos está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias del municipio de San Lorenzo del Escorial (Madrid), aprobadas en su trámite definitivo por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en septiembre de 1999. En consecuencia, el recinto tiene protección integral global, lo que prohibe la ejecución de labores que vayan más allá de mantenimiento, consolidación y recuperación.

El Ejecutivo aduce, sin embargo, que "la actuación que se realizaría para la reposición del solado original no implica modificación de materiales, colores ni texturas, al usarse piezas de mármol idénticas a las existentes, es viable la ejecución de los trabajos previstos en esta memoria valorada en el inmueble de referencia".

Según el organismo, los trabajos de retirada de la losa de granito implicarían tres horas de trabajo, y dos días la colocación del forjado y el mármol.

El sepulcro del dictador se ubica en el crucero de la Basílica, cubierto con una losa de una tonelada y media de peso. Las dimensiones de esta pieza son de 226 centímetros de largo y 119 de ancho, con una espesura de 20 centímetros.

Ni funeraria ni seguridad ni traslados

El coste no incluye, sin embargo, las eventuales medidas de seguridad que serían precisas en una actuación de estas características. Ni tampoco los trabajos de la funeraria, ni el posterior enterramiento en un lugar, aún por determinar, otro de los puntos de choque con la familia Franco.

Precisamente, el posible riesgo de seguridad es el argumento que un juez de Madrid esgrime en su auto, del pasado martes, en el que anula la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para la exhumación.

El auto, que OKDIARIO avanzó en exclusiva, subraya el “riesgo evidente” de las actuaciones para sacar al dictador de su tumba, puesto que “se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 Kgs. de peso”.

“Y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra", justifica el juez.

Desde La Moncloa se ha arremetido contra la decisión judicial, aludiendo al "obstruccionismo" del "entorno de la familia Franco".

Sin fecha

Este viernes, la vicepresidenta Carmen Calvo admitió desconocer la fecha en que se podría producir la exhumación.

"En este momento ni yo ni nadie podría decir cuáles van a ser los siguientes avatares de esta actitud de obstaculización constante de la familia del dictador. Somos un Estado garantista, pero en el momento en que se pueda producir el punto final de la exhumación de los restos de Franco lo haremos", dijo.

Calvo se remitió también a la postura de la Iglesia y afirmó que el Gobierno "no entra" en "el trabajo que tenga que hacer en el seno de su organización, para que llegado el momento, cuando llegue, que va a llegar, a quien corresponda dé la autorización correspondiente para poder hacer la exhumación, que es el cumplimiento de una ley".

Este jueves, la portavoz Isabel Celaá ya asumió que era "un poco difícil" que el Gobierno pueda ejecutar la exhumación antes de las elecciones generales del 28 de abril.

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