El Gobierno da aire en el Congreso a la reforma legal para excarcelar etarras que pide Otegi

El Gobierno mantiene viva la idea de Arnaldo Otegi de promover un cambio legal para acelerar la salida de prisión de los etarras. El líder de Bildu admitió el pasado octubre su intención de «obligar al Gobierno a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA», lo que pasaría por una modificación del Código Penal para acortar las penas a decenas de etarras que fueron condenados al máximo tiempo de prisión, 40 años, tras la reforma impulsada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar.

En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a preguntas de Vox, el Ejecutivo no niega la posibilidad. «¿Tiene previsto el Gobierno promover la reforma del Código Penal en relación con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro de las penas durante la XIV legislatura, en atención a un acuerdo llevado a cabo con Bildu?», fue, en concreto, la pregunta que el partido de Santiago Abascal trasladó al Gobierno.

En su respuesta, en vez de rechazar rotundamente esa posibilidad, el Ejecutivo se limita a señalar que: «Los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del Derecho penal de un Estado social y democrático de Derecho, entre los que destacan los de legalidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad, y respetando en todo momento su carácter fragmentario y su condición de última ratio sancionadora». 

En cualquier caso, prosigue, «el Gobierno apuesta por reunir el máximo consenso parlamentario, considerando que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social, y que, cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar la propia norma, tal y como recoge la Exposición de Motivos del mismo Código Penal». En la respuesta añade que «el Gobierno cumple con la legalidad penitenciaria».

El pasado octubre, Arnaldo Otegi confesó a sus militantes, en un encuentro en Eibar, que su intención era promover un cambio legislativo para acelerar la excarcelación de los etarras juzgados después de 2003.

Esa reforma endurece las condiciones para que los terroristas puedan acceder al tercer grado o a la libertad condicional, exigiendo el cumplimiento de, al menos, cuatro quintas partes del máximo de la condena.

La citada reforma legal sería el siguiente paso para Bildu, partido convertido en aliado preferente de Pedro Sánchez. Tras los acercamientos masivos a cárceles del País Vasco y Navarra, el cambio, que afectaría especialmente a los presos con condenas más largas, supondría una radical transformación en la política de beneficios penitenciarios, permisos de salida y clasificación en tercer grado, así como el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los crímenes especialmente graves.

Temor de las víctimas

Esa reforma es, precisamente, uno de los grandes temores de las asociaciones de víctimas.

«Tenemos claro que el siguiente paso son cambios legales para derogar la reforma del Código Penal de 2003 que amplía los límites de las ampliaciones efectivas de las condenas hasta los 40 años. Quitar los elementos de seguridad para los terceros grados y la libertad condicional. Y descontar las penas que se hayan cumplido en Francia», afirmó recientemente la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce.

Las víctimas han denunciado además que el Gobierno prepara otra reforma legal para reducir los años de condena de 50 presos de ETA, descontándoles las penas cumplidas en Francia. Un extremo que ha sido negado por el Ministerio del Interior. Según la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, los cambios se refieren a transposiciones de directivas europeas, pero «no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea».

En otra reciente respuesta en el Congreso, el Gobierno admite que 24 etarras han sido progresados al tercer grado hasta diciembre y otros 136 condenados por delitos de la banda terrorista han sido clasificados en segundo grado o régimen ordinario.