El Gobierno convocará la junta de seguridad por la retirada de lazos amarillos en Cataluña

El Gobierno convocará en las próximas semanas la Junta de Seguridad de Cataluña, la comisión bilateral Estado-Generalitat donde se abordan los temas de seguridad, con el fin de poner orden en la cuestión de los lazos amarillos en el espacio público. La noticia llega horas después que se conociera que la Guardia Civil investiga la filtración de datos de las personas investigadas por parte de los Mossos por retirar lazos amarillos y por el hecho de que la policía de la Generalitat, persiga a quienes los retiran.

Desde el Gobierno consideran que es hora del “sentido común” al que apelan para llegar a un consenso sobre la utilización del espacio público para hacer campaña a favor o en contra de la independencia. Precisamente fue el Gobierno, a través de la misma Junta de Seguridad, quién el pasado jueves, coincidiendo con la visita del jefe del estado el rey Felipe VI a Barcelona, ordenó a los Mossos d’Escuadra la retirada de la pancarta de grandes dimensiones que colgaba en la fachada de un edificio de la Plaza Cataluña, por órdenes de la delegada del Gobierno Teresa Cunillera.

Aunque la Junta de Seguridad es un espacio donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la Generalitat ponen en común estrategias a seguir, junto con políticos de ambos gobiernos, en los últimos años la comisión se ha reunido en muy pocas ocasiones, a raíz de la tensión política que se vivía en Cataluña. Ahora, el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska quiere liderar la reacción política y policial a esta cuestión y poner fin a una problemática que cada día genera más tensión en las calles.

Hace unos días la Fiscal General del Estado, María José Segarra, aseguraba que no puede ser delito al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni la puesta ni la retirada de lazos amarillos. Una ley a la que los Mossos se han acogido para identificar a catorce personas que tenían en posesión mapas donde se localizaban símbolos independentistas y herramientas para arrancarlos, y con la que pretenden sancionarlos con multas que van de entre los 601 y los 30.000 euros.