El Gobierno amenaza a los ayuntamientos del PP con dejarles sin fondos europeos si no le dan su superávit

Los ayuntamientos del PP acaban de recibir un curioso aviso: o entregan  «voluntariamente» al Gobierno sus fondos disponibles fruto del  superávit, o serán castigados sin fondos europeos. Hay que recordar que las ayudas de la UE a los municipios se gestionan desde La Moncloa.

La petición de los fondos municipales disponibles y superavitarios se realiza de forma generalizada a todas las entidades locales bajo el manto de la necesidad de dinero por el coronavirus. Pero tiene un truco: la inmensa mayoría de los 15.000 millones de euros en superávit local se encuentra en municipios gobernados por el PP.

El Gobierno, de este modo, pretende que los ayuntamientos y diputaciones españoles le presten durante un largo plazo de 12 años la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos ocho años y, a cambio, permitirles gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que corresponde a los vecinos. El resto del dinero sería devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque, eso sí, la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y, por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos está garantizada.

El Gobierno, además, no oculta su amenaza. En su propio texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO señala que, tras recibir el dinero de los ayuntamientos, y «una vez conocidas las condiciones del Fondo de Recuperación que el Gobierno está negociando en el seno de la Unión Europea», se estudiará «la forma en la que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos recibidos». Toda una amenaza para los ayuntamientos que no quieran aportar dinero «voluntariamente».

Los ‘populares’ han montado en cólera ante el chantaje y han redactado un documento para buscar el bloqueo conjunto a la medida por parte de todos sus municipios.

Medidas anteriores a las del Gobierno

El documento destaca que «desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha medidas -adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el Gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia».

Desde el PP subrayan que «el extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo».

Hasta ahora, realmente, «la única medida que ha tomado el Gobierno central es permitir que las entidades locales puedan gastar una pequeña parte del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CEO o ECO», como destaca el diputado y vicesecretario del PP, Antonio González Terol.

La medida, de hecho, fue realmente una trampa. Y es que no suponía entregar a los ayuntamientos ninguna financiación adicional, sino simplemente conceder permiso a las entidades locales para poder hacer uso de sus propios ahorros.

De hecho, no se ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con lo que sólo han podido hacer uso de sus fondos en la lucha contra el coronavirus los ayuntamientos más previsores y austeros.

De hecho, muchas entidades locales han tenido que priorizar la amortización de deuda exigida por la citada ley frente a la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma.

Los ayuntamientos, ante esta situación, pidieron al Gobierno hace meses flexibilizar la regla de gasto y el resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que todas las entidades locales pudieran disponer del 100% los remanentes de Tesorería, de sus ahorros financiero.

Reclamaron, igualmente, la transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del Covid-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. Exigieron prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2018 ó 2019.

Por último, solicitaron la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las EELL en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Ninguna de estas peticiones ha tenido la más mínima respuesta por parte del Gobierno de España. Un Gobierno que, «en el mes de marzo estaba estudiando ya ‘confiscar’ el superávit generado en 2019 por las entidades locales así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país», destaca González Terol.