El Gobierno allana la negociación separatista: la amenaza de referéndum es «libertad de expresión»

Tras las vacaciones de verano, Pedro Sánchez afronta una agenda política marcada por la negociación con el separatismo. Por delante quedan meses de cesiones al Govern independentista, cada vez más aferrado a su exigencia de «amnistía y autodeterminación». Una negociación que penaliza al PSOE en las urnas, como revelan los distintos sondeos, y que acelera la debacle de los socialistas, especialmente tras la concesión de los indultos a los dirigentes del procés.

El Gobierno se mantiene convencido en esta decisión, pese al rechazo general y a las advertencias de los dirigentes separatistas, ya fuera de prisión, de que volverán a organizar un nuevo referéndum de independencia. En el Ejecutivo van más allá para justificar la medida de gracia con la que Sánchez intenta asegurarse la permanencia en La Moncloa, asegurando que su concesión no exige cambiar las ideas políticas, aunque estas impliquen la ruptura del país. El Gobierno destaca que las advertencias sobre un nuevo referéndum forman parte de la «libertad de expresión».

Así lo expone en concreto el Gobierno en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ella, la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola requería la postura del Ejecutivo sobre el polémico informe del Consejo de Europa,  ¿Debería enjuiciarse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? elaborado por el político letón socialista Boriss Cilevics, y en el que se apoyan los indultos para los condenados del 1-0.

En el informe, el autor pide directamente «considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados», así como «la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero».

También considera que los delitos de rebelión y sedición son «obsoletos y excesivamente amplios para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos», y añade que usar estos delitos «puede ser contraproducente».

En un párrafo clave, también pide a las autoridades españolas que se abstengan de «pedir a los políticos que renuncien a sus convicciones políticas a cambio del indulto o de condiciones penitenciarias más favorables».

Es este último punto el que centra la pregunta de JxCat en el Congreso de los Diputados. «¿Cuál va a ser la respuesta del Gobierno a la recomendación de abstenerse de exigir a los presos políticos que renieguen de sus profundas convicciones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable? ¿Va a respetar esta recomendación si les indulta?», exigen saber los separatistas.

El partido del prófugo Carles Puigdemont señala que «en el informe se insiste en la importancia que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa otorga a la garantía de la libertad de expresión y de reunión de los políticos en el ejercicio de su cargo, incluso cuando las ideas no son compartidas. Asimismo se señala que estos tienen el derecho de plantear propuestas que comporten un cambio en la constitución o el estatuto de las entidades territoriales incluyendo su independencia».

«Libertad de expresión»

El Gobierno responde que «no hay presos políticos en España» pero, a continuación, asume esas mismas tesis para afirmar que «ni el sistema penitenciario español ni la regulación del derecho de gracia en modo alguno exigen un cambio de convicciones políticas u otras creencias como parte del tratamiento penitenciario. Ni la Ley del indulto, ni la Ley penitenciaria ni el Reglamento penitenciario lo exigen».

En este contexto, la respuesta destaca que «el Gobierno de España considera la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado democrático de Derecho» y «esa libertad cuenta con pleno reconocimiento en el ordenamiento jurídico español».

Sobre la reforma del delito de sedición, que actualmente se prepara, «se indica que los proyectos de modificación del Código Penal que presente el Gobierno siempre se regirán por los principios inspiradores del Derecho Penal, basados en las necesidades de una sociedad democrática».

La previsión es que la nueva reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat separatista se produzca en Barcelona entre los días 13 y 17 de septiembre. La presencia de Sánchez parece descartada, aunque por ahora no se sabe quién compondrá la delegación del Ejecutivo. Tampoco Oriol Junqueras participará finalmente, aunque se reserva para la foto final del acuerdo sobre un eventual referéndum.