García Ortiz se escuda en la «debilidad en que quedaría la Fiscalía» para no dimitir

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que le sería «mucho más cómodo» dimitir, pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de «debilidad» a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico.

«Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y, por eso, me quedo en ella», ha dicho, en el marco de su comparecencia en la Comisión de Justicia que se ha celebrado este martes en el Senado, donde PP y Vox le han urgido a renunciar al puesto.

El jefe del Ministerio Público se ha mostrado seguro de que, si dimitiera, «estaría haciendo una concesión, una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas», y «y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad».

«Y la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan (…) -narcotráfico, terrorismo internacional- son fenómenos que, como vean, un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlo», ha avisado, informa Ep.

A ello ha añadido que «hay algunas cuestiones que son importantes», anudando que «no solo es el hecho de estar imputado, es también el por qué, el cómo y el cuándo». «Todo eso influye en la decisión personal de permanecer al frente de la Fiscalía», ha expuesto.

Además, ha dicho que es «fácil» meterse con el fiscal general, tanto en la coyuntura actual -porque está imputado en el Tribunal Supremo (TS)- como habitualmente, porque siempre está en una situación «compleja» por cuanto le designa el Gobierno, de forma «legítima», pero a la vez debe ser imparcial y neutral.

Según ha relatado, eso le deja expuesto a críticas «durísimas», como las que ha lamentado que ha recibido este martes en sede parlamentaria, incluso en el ámbito «personal», sin que se pueda defender porque, de hacerlo, «si aterrizara en la arena política», «perdería la condición de neutralidad» e imparcialidad que le permite hacer su trabajo.

Por eso, ha incidido en que, «hasta cierto punto, es fácil meterse con el fiscal general», bromeando con que «hasta un niño de cuatro años podría hacerlo y el fiscal general no le iba a contestar, porque no puede»: «No hablamos el mismo lenguaje. Si hablásemos el mismo lenguaje, yo dejaría de ser fiscal general, me convertiría en un parlamentario».

En este sentido, ha defendido que, si bien «es sano en democracia» que cada cual ejerza sus competencias, «el exceso de ejercicio de las competencias también es un problema en democracia». «Nadie puede excederse en el uso de sus competencias porque estaremos equivocando los campos de juego en los que estamos cada uno», ha alertado.

García Ortiz ha indicado que, si a todo esto se suma que está imputado, la situación se complica aún más porque no puede pronunciarse sobre un proceso penal abierto para evitar «interferencias en la Justicia».

«Así que el fiscal general ni huye ni se esconde, sino que da las explicaciones en el momento en que entiende oportuno y cuando lo puede hacer», ha zanjado, remachando: «La pregunta, si me permiten el sarcasmo, es ¿quién defiende al fiscal general del Estado?».

Sin embargo, posteriormente y ante los reproches del PP, ha dejado claro: «Yo no soy una víctima, ni me siento víctima en absoluto». De la misma manera, ha pedido disculpas por si decir que su teléfono móvil contiene información que afecta a la seguridad nacional y a la de los ciudadanos se entendió como una «amenaza». «Es todo lo contrario», ha establecido Álvaro García Ortiz.

Por otro lado, ha reiterado que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es «custodio». «Por lo tanto, borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad (…) como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio», ha explicado Álvaro García Ortiz.

En esta línea, ha insistido en que borra «regularmente» los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que ha aclarado que su cuenta personal de correo electrónico no la borró al calor del inicio de las pesquisas en su contra, el pasado octubre, sino «el 27 o el 28 de diciembre» ante «el acoso» que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.

De hecho, Álvaro García Ortiz ha enfatizado que ese borrado periódico «es una obligación de todos». «Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos o en sus ordenadores datos relativos a terceros, y no los necesite, y no los utilice, y los mantenga, está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos. También está incumpliendo la ley española», ha advertido.

Álvaro García Ortiz también ha querido defender sus decisión de no contestar a las preguntas lanzadas por el magistrado del TS Ángel Hurtado durante su declaración como investigado el pasado 29 de enero, subrayando que «no es ninguna afrenta a nadie, es una postura procesal amparada, un derecho fundamental». «El juicio de valor lo ponen otros y, naturalmente, hay quien puede pensar una cosa y puede pensar otra. Pero el mayor de mis respetos al Tribunal Supremo», ha manifestado.

En este contexto, ha querido recordar, frente a la «sombra de sospecha genérica» que dice que se ha proyectado sobre él por «realizar lo que la norma dice con claridad», que en España «la inocencia se presume». «Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia», ha recalcado.

Con todo, ha valorado que 13 fiscales de sala pidieran su dimisión, si bien ha confesado que le produce «cierta perplejidad que esas manifestaciones públicas puedan incidir en un proceso penal».

Sobre estos cónclaves, que PP y Vox le han echado en cara porque finalmente el criterio de su ‘número dos’ acabó imponiéndose al de la mayoría en casos como ‘Tsunami Democrátic’ o la amnistía, ha replicado que «la Fiscalía española no es asamblearia» sino que tiene mecanismos internos para solucionar conflictos y así se hizo.

En particular, sobre la ‘ley del solo sí es sí’, ha justificado que la Fiscalía debía fijar criterio para que los 2.795 fiscales hicieran lo mismo, garantizando así «el principio de igualdad en todo el territorio español». Y ello, ha remachado, porque «si quien tiene que unificar, que es el Tribunal Supremo, tarda al menos un año», el Ministerio Público debía actuar.

En cuanto a la acusación de que es el único fiscal general «que ha sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», ha reconocido que «es cierto». «Pero no es demérito de este fiscal general, es demérito del CGPJ», ha apostillado, haciendo hincapié en que el TS desmontó «punto por punto» los argumentos del CGPJ, en concreto los referidos a su supuesto favoritismo hacia la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en los nombramientos discrecionales.

Asimismo, y a preguntas del senador del PSOE José María Oleaga, que le ha pedido su opinión sobre la propuesta socialista de limitar la acusación popular, ha dicho que «no pasa nada» por tocarla, aduciendo que «hay que reconducirlo a sus justos términos» porque «no puede ser más fácil estar personado en un procedimiento penal que tener una legitimación en el procedimiento contencioso-administrativo».

Por último, ha reclamado la confianza de los senadores: «Nadie es un pobre abogado de provincias, todos somos excelentes profesionales que trabajamos dignamente, respetando nuestra profesión. Y yo creo en la honestidad de la gente, yo tengo ese defecto de creer en la honestidad de la gente. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado».