La Fiscalía tumba una denuncia contra Otegi, socio de Sánchez, por 9 secuestros y un asesinato

La Fiscalía vuelve a salir en defensa de los intereses de Pedro Sánchez y ha decidido archivar la denuncia de Dignidad y Justicia contra el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, actual socio del PSOE. Esa asociación de víctimas del terrorismo presentó en octubre una denuncia ante el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional solicitando la apertura de una investigación por su presunta participación en nueve secuestros organizados por ETA y el asesinato del político de UCD Juan de Dios Doval. Mientras que para abrir una investigación por la piñata de Sánchez en Ferraz la Fiscalía de la Audiencia tardó dos días, en este caso ha tardado dos meses en resolverlo.

«Analizados los hechos de la denuncia y tras ser revisados los procedimientos correspondientes, se concluye que los mismos están prescritos o existe cosa juzgada», zanjan fuentes del Ministerio Público consultadas por OKDIARIO. La Fiscalía de la Audiencia Nacional en un decreto de 11 páginas fechado este 30 de enero archiva las Diligencias de Investigación Preprocesal abiertas contra Arnaldo Otegi por la comisión de actos terroristas entre 1978 y 1983.

Dignidad y Justicia solicitaba al Ministerio Público que, a su vez, pidiera a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional informes sobre si es cierto que doce miembros de la organización terrorista ETA inculparon a Arnaldo Otegi en sus declaraciones policiales en hechos delictivos realizados entre 1977 y 1987.

En 20 folios, enumeraban 9 secuestros y la orden de asesinar al político de UDC Juan de Dios Doval, así como aludían a «diversos atracos y un asalto a mano armada». «De su participación en esos 9 secuestros, tan sólo por tres, este sujeto ha sido juzgado; por el secuestro de Luis Abaitua, por el que fue condenado a 6 años de prisión, y por los secuestros de los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez, de los que resultó absuelto», remarcaba la denuncia.

Dignidad y Justicia defendía que nuevas informaciones publicadas involucran a Otegi «en otros 6 secuestros más, de los cuales dos fueron frustrados y otros dos habrían sido ordenados por él, así como se le imputó la orden de asesinar a Juan de Dios Doval el 31 de octubre de 1980, en San Sebastián».

Diligencias descartadas

La Fiscalía, en contra de lo que pedía Dignidad y Justicia, descarta oficiar a la Jefatura de Información de la Guardia Civil «a fin de que informe sobre la realidad de los hechos puestos de manifiesto» y de que «aporte todas las pesquisas llevadas a cabo en cada uno de los secuestros» a los que se hace referencia, así como sobre el asesinato de Juan de Dios Doval, aclarando si en esas diligencias de investigación apareció Otegi como posible responsable.

Igualmente, se veía necesario que el servicio de decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción puntualizase «si obra en el archivo de la Audiencia Nacional expedientes judiciales de las diligencias incoadas» respecto de cada secuestro y del caso de Doval. Si fuera así, se apostaba por que «sean traídos del archivo para su reapertura». Propone que se haga lo mismo con la Dirección Nacional de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior y de la propia Audiencia Nacional. Aunque se contemplaba la posibilidad de que los hechos estuviesen prescritos, Dignidad y Justicia aseguraba que había razones para considerar que no es así.

En el marco de las pesquisas a realizar se apuntaba a llamar a declarar al propio Otegi como investigado a petición de la Fiscalía para descubrir su implicación en los hechos y que, además, se averigüe si pagó las 100.000 pesetas que debía abonar en concepto de responsabilidad civil tras ser condenado por el asesinato del empresario Luis Abaitua. Por otra parte, Otegi está pendiente de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional por su reunión con la cúpula del independentismo catalán en Suiza las semanas previas a las movilizaciones violentas de Tsunami tras la sentencia del Tribunal Supremo a los secesionistas encausados.

Argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía recuerda la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, cuando se hubiera causado la muerte de una persona, pero tras una Ley Orgánica de 2010, «no pudiendo aplicarse con carácter retroactivo». «Ni siquiera cabría efectuar una aplicación retroactiva de la reforma del Código Penal de 2010, aun teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, si bien en procedimientos de extradición, otorgó un efecto retroactivo a la modificación de las disposiciones sobre prescripción aplicándolas a hechos anteriores a la reforma, lo cual tampoco concurre en los supuestos objeto de la denuncia», apostillan.

Los dos fiscales autores del decreto examinan uno a uno los hechos objeto de la denuncia y determinan que por «las fechas de comisión de todos ellos (comprendidos entre 1978 y 1982) han de considerarse prescritos». Además, puntualizan que por tres de los hechos expuestos, Arnaldo Otegi ya fue enjuiciado, concurriendo pues cosa juzgada, por lo se impide abrir un procedimiento penal por los mismos hechos.